En una providencia dictada el pasado 27 de septiembre, consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imputó a todos ellos sendos presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación, reconoce que los dos primeros "han prescrito, acogiéndose a la interpretación más favorable al reo tras la reforma del Código Penal", aunque señala que el delito de prevaricación no ha prescrito.