"Entendemos que es un crimen contra la humanidad, los trabajadores y la gente que hoy no puede comer", ha dicho el alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, que ha hecho de portavoz de los regidores tras un encuentro que ha mantenido en el Congreso con el diputado nacional Alberto Garzón y otros responsables del Grupo de la Izquierda Plural.
Romero, que ha estado en Madrid acompañado de los regidores de Nueva Carteya, Espejo, en Córdoba, o Humilladero (Málaga) o El Saucejo (Sevilla), entre otros, ha dicho que si el dinero oculto en paraísos fiscales "aflorara y saliera a la luz tendríamos un superávit y el 14 por ciento de los ingresos del Estado del que participamos los ayuntamientos se incrementaría y podríamos atender a alas políticas sociales".
Por su parte, Garzón ha defendido que los paraísos fiscales son una "herramienta fundamental" para la corrupción porque "sirven de cueva de Ali Babá para que los corruptos puedan mantener allí su dinero" y ha abogado por "hacer lo que haya que hacer" para acabar con ellos.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
A su juicio, no es una cuestión de "imposibilidad técnica" sino de "falta de voluntad política del Gobierno y de una UE hipócrita" que, según ha añadido, ha sido "construida al servicio de los bancos y promueve el desmantelamiento de servicios sociales y los derechos conquistados por generaciones anteriores".
Además, Garzón ha expuesto que España tiene un instrumento, las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, que hace que este país sea un paraíso fiscal para empresas de terceros que logran así no pagar impuestos en sus países de origen, por lo que ha reclamado al Gobierno central que "anule esa posibilidad de que España sea utilizada por otras grandes empresas como paraíso y, con ello, no sufragar los servicios de esos países".
En la carta dirigida al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, los regidores reclaman aspectos como que no haya licencias para los bancos que tengan filiales en paraísos; que los deportistas que tengan su dinero en ellos no representen a España o que no se establezcan relaciones comerciales con empresas radicadas en esos territorios.
En definitiva los alcaldes buscan que se luche contra "el fraude generalizado de la corrupción política, de las grandes fortunas y empresas o de los bancos" igual que se hace con "el autónomo o el pequeño comerciante del kiosko que magdalenas, al que se persigue por 20 euros de IVA".