Según informan fuentes jurídicas, Torme ha pedido a la magistrada el sobreseimiento de su parte siete meses después de que tanto ella como Pujalte fueran citados a declarar en el marco de la causa que procede de los Juzgados de Valladolid y que se abrió después de que Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado emrpesarial dirigido presuntamente por Pujalte.
En su denuncia, Torme dijo que ella cobró por labores de dirección y gestión de Sirga XXI hasta que se desvinculó de ella en 2001, mientras su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
La exdiputada aseguró que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.
NO COBRARON SUBVENCIONES PÚBLICAS
En los últimos meses la magistrada que instruye la causa ha llamado a declarar en calidad de testigos al exasesor de José María Aznar Jaime Miguel Marín, al exdiputado popular Alejandro Ballesteros, al administrador de Construcciones Llorente S.A (Collosa) Alejandro Llorente, y al exdiputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna, por su presunta relación con Sirga.
Este último negó en su declaración ante la magistrada haber recibido subvenciones públicas de Martínez Pujalte y dijo que existió una relación comercial entre la sociedad Scardovi S.L y Sirga si bien los negocios se ciñieron estrictamente al ámbito privado.