Esta decisión, según el auto de Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press, "se tomó unilateral y verbalmente" por parte de Sánchez.
Tras señalar que la obtención de una subvención "no se ajustaba a la realidad", Fiscalía Anticorrupción podría elevar a cinco los delitos que pretende que se le atribuyan a Sánchez, que figura como investigado en el caso Auditorio.
A los de fraude se sumarían los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.