La investigación a la aforada --es diputada del Parlamento catalán-- había empezado tras la denuncia del exdirector gerente de Planificación de Recursos de Alcaldía, Albert Gadea, y la entonces interventora Maite Carol, que la demandaron por despedirlos bajo una presunta "limpieza".
Los querellantes, que fueron cesados en noviembre de 2009 y febrero de 2010, afirmaron que se enteraron de su despido por los medios de comunicación y por una nota de prensa en que la alcaldesa anunciaba que haría limpieza de los cargos del Ayuntamiento relacionados con el 'caso Pretoria' y los despedía a ellos, sin que tuvieran relación con dicha trama de corrupción política y urbanística.
A finales de octubre de 2013, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Santa Coloma, Dolors Codina, envió al TSJC la causa abierta contra Parlon, estimando la solicitud de los dos querellantes y Fiscalía, que le pedían elevarlo al TSJC, competente para investigar a los aforados.
La causa ya había sido archivada dos veces por el Juzgado de Instrucción de Santa Coloma, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en ambos casos.