El administrador de Dial Trading ha declarado en calidad de investigado, a petición propia --después de que el pasado mes de mayo se acogiese a su derecho a no declarar--, durante más de ocho horas en la Audiencia Nacional.
Faya ha afirmado ante De la Mata que envió la misiva, con Moragas como destinatario, por registro general al Palacio de la Moncloa para informar de las actividades ilícitas que el exembajador y el diputado estaban realizando en países como Panamá o Argelia. Según las mismas fuentes, el denunciante del 'caso Arístegui' no ha concretado el contenido de la carta y ha relatado que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en noviembre de 2015, al ver que no recibía respuesta.
Además, durante su declaración el socio de Arístegui y De la Serna ha ratificado esta misma denuncia y los documentos que presentó, que dio paso a investigar el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para facilitar a empresas españolas contratos en el extranjero. La vista continuará el próximo martes 6 de septiembre.
LA CARTA FUE ENCONTRADA EN EL REGISTRO DE SU DOMICILIO
La Policía Nacional encontró esta carta en su domicilio en el registro que tuvo lugar el pasado 12 de enero, junto a copias de facturas emitidas por las empresas que los dos políticos administraban por un valor total de 500.000 euros. Estos contratos incautados convierten a Faya en el agente comercial de los dos políticos.
De la Mata amplió la causa el pasado mes de abril después de que la Fiscalía aumentara su querella por supuestos pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato para la instalación de una estación desaladora y otro para las obras del tranvía por una empresa en el país africano. Las dos obras fueron adjudicadas a la empresa Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían los dos políticos, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
Arístegui y De la Serna son investigados por los presuntos delitos de integración de organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales contra el que fuera embajador en la India y el exdiputado por Segovia, además de otras seis personas.