Incluso con las cifras del Consejo General del Poder Judicial, la huelga es todo un éxito", ha manifestado el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, después de conocer que el órgano de gobierno de los jueces ha estimado en el 35,38 % la participación en el paro, porcentaje que los convocantes elevan hasta el 60 %, aunque cada parte usa un "censo" distinto.
El CGPJ, que habla de 1.635 jueces en huelga, hace el cálculo sobre los 4.621 magistrados en ejercicio, mientras que las asociaciones -que excluyen a los sustitutos, las plazas vacantes y las bajas por enfermedad, entre otros- rebajan a 3.500 el número de "convocados" al paro y afirman que lo han seguido más de 2.150 magistrados.
En cualquier caso, la convocatoria ha tenido un éxito indudable en cuatro comunidades autónomas -Aragón, Murcia, Valencia y Extremadura, con un seguimiento superior al 60 %, según los datos oficiales- y una incidencia notable en Canarias (más del 50 %) y en Cantabria, Baleares, Madrid y Cataluña, donde han parado casi cuatro de cada diez jueces.
Demandas
La Judicatura pretende la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez y la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5%, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital. .
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta. Así lo han explicado en La Mirada Crítica, miembros de la FV y de APM.
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
Represalias
Los jueces que secundan la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
Diferentes fuentes han advertido de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Sin derecho constitucional
Los grupos parlamentarios del PSOE, PNV y ERC en el Congreso han cuestionado en las últimas horas que los jueces puedan convocar una huelga, al ser depositarios de un poder constitucional del Estado y, además, creen "inadecuada" e "injusta" esta protesta.
Esta es la postura que ha sostenido el portavoz socialista, José Antonio Alonso, quien en rueda de prensa en la Cámara ha insistido en que los jueces no pueden ir a la huelga y, además, el paro es "injusto" , ha dicho, porque "este Gobierno" es el que más se ha esforzado en mejorar la Justicia.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho en rueda de prensa que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga".
LA/EB/ CGS
Bermejo no ha querido valorar el seguimiento del paro hasta que disponga de los datos que le envíe el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, ha reiterado que la huelga de jueces no está justificada, porque ese derecho no está en el marco jurídico, y ha destacado además que "su desproporción salta a la vista".
Por otro lado, el responsable de Justicia ha protagonizado un rifirafe con el diputado porpular, Federico Trillo, en la sesión de control del Congreso a causa de la jornada de cacería que compartió con el juez del caso Gürtel, Baltasar Garzón. Bermejo se ha negado a dimitir como le ha exigido el PP.