Las asociaciones judiciales han aplaudido que el nuevo ministro de Justicia, Rafal Catalá, "rectifique los errores" cometidos durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón y se han dividido entre las que le animan a derogar la Ley de Tasas Judiciales y las que consideran suficiente rebajar su cuantía o ámbito de aplicación.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado en declaraciones a Europa Press que su organización propuso reimplantar las tasas que fueron eliminadas en 1995 para evitar un "uso abusivo" de la Justicia. Eso sí, planteó que se liquidaran al final del proceso y se impusieran solo a la parte que pierde el pleito, con excepciones.
Estas excepciones serían evitar el pago de la tasa a la persona que pierda el juicio pero sea beneficiario del derecho de justicia gratuita y también para cuando el juez entienda que su pretensión era jurídicamente sustentable.
"En muchas ocasiones hay gente que solo recurre demandas justificadas para posponer el cumplimiento de su obligación. En esos casos tenemos que pagar todos el procedimiento vía impuestos y además tenemos una justicia colapsada cuando la necesitamos", ha añadido el presidente de la asociación mayoritaria y de carácter conservador.
Tras recordar que la decisión recaerá en el equipo del ministro, Llarena ha enfatizado que se trata de analizar "las cuantías socialmente aceptables", los supuestos donde pueden ser aplicadas de forma "más rigurosa y benigna" y la metodología a seguir en la liquidación.
UN ANUNCIO "ESPERADO" TRAS EL ERROR DE GALLARDÓN
El portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, entiende también que no haría falta derogar la Ley de Tasas, pero sí acometer una modificación "sustancial" de la misma, por ejemplo en sus cuantías.
Según ha dicho, el anuncio de Catalá era una medida "esperada" teniendo en cuenta su intención de alcanzar el diálogo social. "Una Ley que estaba en cuestionamiento y que el Tribunal Constitucional seguramente iba a declarar inconstitucional por sus cuantías, era lógico que, una vez superada la etapa de Gallardón, rectificara el error", ha agregado.
Por su parte, el portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha valorado positivamente que Catalá inicie su mandato con gestos relevantes, como es la "rectificación de los errores" producidos durante la etapa anterior. "No hay únicamente un compromiso de diálogo, sino que hay medidas detrás", ha celebrado.
Jueces para la Democracia considera insuficiente un "retoque" en la polémica Ley de Tasas y ve necesario derogar la norma ya que no ha respondido a las expectativas de recaudación y, sobre todo, ha "dejado fuera" del sistema judicial a amplios sectores de la población. "Supone una discriminación y la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial", ha agregado.
Por ello, ha advertido de que una "mera" revisión a la baja sería insuficiente ya que muchos sectores de la judicatura, la abogacía o colectivos de consumidores y usuarios esperan la derogación. "Una cosa es que pagaran tasas determinadas empresas y otra cosa imponérselas a personas físicas", ha sentenciado, para concluir que así lo trasladará en su primera reunión con el ministro.