Las principales asociaciones de militares van a presentar conjuntamente una iniciativa al Ministerio de Defensa en la que le solicitan mayor representatividad para que se tengan más en cuenta sus propuestas así como poder entrar en los cuarteles para desarrollar allí su labor informativa.
Los colectivos profesionales tienen previsto presentar esta proposición en la próxima reunión, prevista para diciembre, del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano de interlocución entre el ministerio y las asociaciones.
En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha explicado que en dicho encuentro los colectivos pedirán al Gobierno dar un "nuevo impulso" al Consejo de Personal para que se tengan más en cuenta las propuestas que hacen.
DOS NUEVAS LEYES
Todo ello debido a que, según Bravo, el Ministerio de Defensa no ha atendido ninguno de los planteamientos que las asociaciones han hecho en la tramitación de dos leyes que afectan directamente al colectivo de militares: la nueva Ley de Régimen Disciplinario, que se aprobó la semana pasada en el Congreso, y la reforma de la Ley de la Carrera Militar, cuyo anteproyecto ya ha sido redactado por el Gobierno.
Por ello, Bravo ha indicado que la próxima reivindicación de las asociaciones será cambiar en lo que se pueda el reglamento del Consejo de Personal, ya que, en su opinión, éste órgano "sólo sirve" para que el Ministerio de Defensa "lave la cara y pueda decir que cumple la ley" al reunirse con las asociaciones.
Asimismo, la iniciativa de los colectivos con representación en este organismo --además de AUME, la Asociación Profesional de Suboficiales (ASFASPRO), la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)-- reclamarán al ministerio más medios para que puedan realizar una labor informativa más amplia.
LLEGAR A MÁS COMPAÑEROS
El objetivo es que las asociaciones puedan llegar a tener mayor representatividad y para ello les hace falta una base más amplia, lo cual creen que conseguirían si pudieran llegar a más personas. Así, ven necesario disponer de más medios para ello y poder informar de su trabajo dentro de las unidades, lo cual tienen prohibido por el momento.
"Ahora podemos llegar a muchos compañeros, pero si realmente no hay una cultura previa en la que el propio militar sepa que puede y que lo tiene fácil, no conseguiremos que se desarrolle el asociacionismo", ha explicado Bravo. Por eso, ve muy importante que sea desde el propio ministerio desde donde se envíe un mensaje positivo en este sentido.
Esta iniciativa de las asociaciones se suma a la movilización que ha convocado AUME para el próximo sábado, 29 de noviembre, en la plaza del 2 de mayo de Madrid a las 12.00 horas para protestar por la "falta de expectativas" en su carrera profesional y los "agravios" que, según aseguran, sufre el colectivo en aplicación del régimen disciplinario, todo ello a consecuencia de las dos leyes mencionadas.
En la concentración, en la que AUME espera reunir a cientos de uniformados, los militares exigirán "reparación de agravios, desaparición de contratos basura, transparencia administrativa, una carrera integral para todos los militares y desaparición de las privaciones de libertad y multas abusivas".
ARRESTO Y FALTA DE GARANTÍAS
AUME ha manifestado su rechazo a la nueva Ley de Régimen Disciplinario porque en ella se mantiene el arresto como sanción para todo tipo de faltas --ya sean leves, graves o muy graves--, considera que no existen "suficientes garantías en los procedimientos sancionadores" y no se ha tenido en cuenta la opinión de las asociaciones profesionales.
A juicio de Bravo, esta nueva ley es "un copia y sigue" de cómo se vienen haciendo las cosas, en cuanto a disciplina, en las Fuerzas Armadas y en el propio ministerio, concretamente desde "los órganos regidos por militares, que consideran el arresto como la principal herramienta para mantener la disciplina". AUME, en cambio, proponía multas económicas o demérito profesional como sanciones para todo tipo de faltas.
En lo que respecta a la Ley de la Carrera Militar, todavía se encuentra en fase de anteproyecto, pero el texto que propone el Gobierno, que se basa en el dictamen pactado por PP y PSOE en el Congreso, aborda aspectos como la antigüedad, pase a la reserva, reconocimientos académicos de la formación adquirida y retiro del personal discapacitado, pero no afecta a los militares en activo.
La reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar era un mandato de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ante los "agravios" que han venido padeciendo los uniformados en su aplicación desde 2007. "Carreras truncadas y disfunciones" son las palabras que utiliza Bravo para referirse a esta norma, todo ello unido a los más de 30.000 recursos que han presentado los militares afectados por su implantación.
"FRACASO DE LAS INSTITUCIONES"
Pero el presidente de AUME considera que la reforma ha resultado finalmente un "fracaso de las instituciones" por haberse propuesto solucionar los "problemas" que se habían creado con esta ley y "no haberlo conseguido". "No entendemos que después de todo el trabajo que se ha hecho, no se haya avanzado nada", señala.
Además de estas dos leyes, la movilización del sábado también pretende llamar la atención sobre la situación por la que pasan los militares que pertenecen a la escala de tropa y marinería y tienen contratos de larga duración. A la edad de 45 años, estos uniformados abandonan las Fuerzas Armadas con derecho a hasta dos años de paro y con una asignación anual de 7.200 euros hasta la jubilación.
"No se puede dejar a una persona que ha dejado la mejor parte de su vida, que ha dado su vida por España, en la calle con 600 euros al mes. Es una situación muy injusta para mucha gente porque no se les prepara para que puedan tener una salida profesional. No se les ofrece una salida digna", ha denunciado Bravo.
10.000 MILLONES EN 20 AÑOS
Pero además, ha alertado del importante desembolso para el Estado que conllevará la rescisión de estos contratos en los próximos años. A día de hoy, de los aproximadamente 77.000 efectivos de tropa y marinería que hay en las Fuerzas Armadas, sólo el 14 por ciento tienen contratos permanentes, por lo que AUME calcula que el Estado deberá desembolsar unos 10.000 millones de euros a lo largo de unos 20 años para pagar las pensiones de más de 33.000 soldados y marineros que habrán tenido que dejar el Ejército.
Por todos estos motivos, la principal asociación de militares ha decidido convocar una concentración y que así "se pueda entender que algo no está funcionando bien" si un colectivo "poco dado a ejercer el derecho de manifestación" decide salir a la calle.
"Hay tensión, falta de expectativas y eso hay que hacerlo notar. No se trata de indisciplina, sino que no se atienden nuestras reivindicaciones. Los militares tienen que saber que es ahora o nunca", ha aseverado.