El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió ayer a Mas de que será suya la responsabilidad que se derive de "un acto ilegal" como convocar un referéndum secesionista. Más tarde, el Ministerio de Justicia explicó que el presidente de la Generalitat podría incurrir en la comisión de un delito de desobediencia de una resolución judicial, sancionado con multa e inhabilitación, si convoca este referéndum por la independencia y se niega a cumplir el mandato del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, considera que no se pueden realizar valoraciones de cosas que aún no se han producido "porque depende de la actuación que se haga por parte de la Generalitat". Además, ha insistido en que, en su caso, la decisión correspondería a los jueces y no se pueden adelantar resoluciones judiciales.
Llanera ha reconocido que en la actualidad la legislación establece que la convocatoria de referéndums es competencia exclusiva del Estado, pero ha sostenido que las consecuencias de vulnerar la ley "dependerán del ordenamiento jurídico vigente y los términos en que se haga".
A su juicio, la situación planteada por la Generalitat de Cataluña es una cuestión "estrictamente política", ante lo que ha apelado al Estado y las autoridades catalanas a que "lleguen a las soluciones políticas precisas para bajar el nivel de crispación actual".
PRESIONES Y AMENAZAS POLÍTICAS
De la misma forma, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha compartido que el ministro de Justicia está "adelantando acontecimientos" porque "no todas las actuaciones contrarias a una norma son necesariamente delictivas".
Para Bosch, "aventurar que la mera consulta tendría carácter delictivo es una actitud desproporcionada por parte del ministro", ya que no se conoce qué diría el Tribunal Constitucional, el tipo de referéndum que convocaría la Generalitat de Cataluña ni las condiciones en las que lo haría el 'president'.
Por ello, ha acusado a Gallardón de realizar declaraciones con "carácter intimidatorio" que son "impropias" de las relaciones entre instituciones. "El Gobierno no puede actuar a base de presiones y amenazas políticas", ha sostenido.