Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha examinado a los aspirantes a presidir la Sala de lo Social, puesto que dejó vacante Gonzalo Moliner tras ser designado como presidente del alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces.
Los magistrados del Supremo Jesús Gullón y Fernando Salinas han comparecido ante los vocales, mientras que la tercera aspirante, Milagros Calvo, ha renunciado a participar en la Comisión, que ha estado presidida por Moliner.
Fernando Salinas, que ha hecho balance de los cargos ostentados durante el ejercicio de su profesión, ha expuesto durante su alocuión que los magistrados "no reúnen las mínimas condiciones" para poder realizar un trabajo eficaz en conexión con otros tribunales.
Salinas se ha declarado partidario de aumentar el criterio de admisión, flexibilizar los requisitos de acceso para los recursos que ingresan en este órgano judicial y que el Ministerio Fiscal esté facultado para poder interponerlos en unificación de doctrina. "La Sala de lo Social podía hacer una labor todavía más importante", ha añadido.
Tanto Salinas como su predecesor en el turno de la palabra, el magistrado Jesús Guillón, han enfatizado la importancia de que la Sala de Gobierno del Supremo mantenga una estrecha relación y "camine" junto al órgano de gobierno de los jueces ante las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia, al ser preguntados sobre esta cuestión por la vocal Margarita Robles.
AUMENTO DE LA LITIGIOSIDAD EN LO LABORAL
Por su parte, el magistrado Jesús Gullón, con trece años de ejercicio en lo Social del Supremo, ha expuesto que no pretende "poner todo patas arriba" en caso de ocupar la plaza, sino que apuesta por ofrecer una respuesta ágil ante el previsible incremento del número de asuntos que ingresan en el ámbito laboral.
El magistrado Jesús Gullón ha situado la "claridad, la calidad y la prontitud" de las sentencias como elementos clave en la Administración de Justicia y ha expuesto su "enorme preocupación" para evitar que la Justicia sea tardía. "Si tengo algún mérito es dedicar mi vida a poner sentencias en los juzgados durante muchísimos años", ha agregado.
Ha explicado que la pendencia de asuntos que registra lo Social es "razonable" teniendo en cuenta que han ingresado en torno a 5.500 asuntos en el presente año, y que son resueltos en un plazo de ocho o nueve meses. "La jurisprudencia es un instrumento de pacificación social", ha remachado.
Entre sus propuestas, el magistrado ha abogado por potenciar la labor del gabinete técnico, el cual realiza un primer examen de los asuntos entrantes, y por mejorar la coordinación con los criterios que imponga la nueva Ley de Jurisdicción Social.
Para el magistrado, las últimas reformas legislativas en el ámbito laboral conllevarán un incremento de la litigiosidad en vía de casación, especialmente, en cuanto a despidos colectivos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se refiere. "Ante este panorama no podemos permitirnos bajar la guardia y los tiempos de respuesta deben ser como mínimo los de ahora", ha concluido.
La Comisión de Calificación elevará su propuesta al Pleno del Consejo del Poder Judicial que será el competente para resolver quien ocupa la plaza de nuevo presidente de lo Social del Tribunal Supremo.