El juicio está fijado en la Sección Novena de la Audiencia. Según se relata en el escrito de calificación inicial del fiscal, en septiembre de 2005, el entonces regidor aprobó una resolución para la enajenación de vehículos, mediante dicho sistema; con lo que se pretendía resarcir los gastos que generaba la estancia de los mismos en los depósitos municipales de Benalmádena.
En total, dice la acusación pública en sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, eran 11 lotes, formados cada uno por varios vehículos. Así, en noviembre de 2005, el procesado dictó una resolución por la cual se adjudicaban cuatro lotes a particulares; mientras que uno se retiró por donación de su titular y se declararon desiertos los restantes.
Según el ministerio fiscal, el acusado dictó esas resoluciones "a sabiendas de que entre los vehículos había algunos que se encontraban intervenidos judicialmente", los cuales fueron subastados "prescindiendo de la autorización de los juzgados a cuya disposición se encontraban".
Asimismo, había coches sustraídos que habían sido recuperados, sabiendo el entonces alcalde que "éstos eran propiedad de las compañías aseguradoras que habían indemnizado a sus anteriores propietarios". En algún caso, el vehículo fue utilizado por la Policía Local de Benalmádena, tras quedarse desierto su lote en la subasta.
El fiscal solicita que se le imponga a Bolín siete años de prisión, 14 de inhabilitación para empleo o cargo público y ocho de inhabilitación absoluta. Además, considera que el acusado deberá indemnizar a las aseguradoras.