En un auto fechado el 15 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia rechaza así el recurso interpuesto por la defensa de la investigada, que fue secretaria general técnica de la Consejería de Empleo desde el 30 de abril de 2008 hasta el 15 de mayo de 2012 y que alegó que "no concurren indicios suficientes" para que la magistrada le impusiera dicha fianza civil.
La Audiencia indica que, entre las competencias de Lourdes Medina, estaba la de participar en el anteproyecto de la Consejería y en las modificaciones presupuestarias que "sorteaban" las leyes de Subvenciones y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuya normativa es de aplicación a las ayudas sociolaborales y económicas a empresas, "mediante la aplicación de las transferencias de financiación, que no requieren fiscalización previa ni bases de regularización".
La ex alto cargo cuestionó en su recurso que tuviera competencias en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería y en las modificaciones presupuestarias, pero la Audiencia señala que dicha competencia "se infiere" de los decretos sobre la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, que "establecen específicamente la competencia mencionada".
De igual modo, la defensa de Lourdes Medina combatió en su recurso la naturaleza jurídica de las transferencias de financiación, punto en el que la Audiencia asevera que "lo cierto es que las mismas se han utilizado de modo perverso por la Consejería de Empleo, conforme se infiere" de las conclusiones del informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
"TRAMA FRAUDULENTA"
La Audiencia añade que, según este informe, el presupuesto del año 2010 "respetó la normativa, tras estarse vulnerando presuntamente durante el periodo 2000-2009, si bien en la ejecución del mismo, que correspondía a la Consejería de Empleo, se continuaba actuando como si se tratara de una transferencia de financiación".
"Es cierto que en la trama fraudulenta que se investiga han participado personas con rango de menor, igual o mayor responsabilidad política y administrativa que la apelante, pero no lo es menos que ha participado en la urdimbre de esa trama, que pudo y no hizo hacer notar a sus máximos responsables la ilegalidad que se estaba cometiendo, sino que participó en la misma del modo descrito", alega la Audiencia.
En esta línea, considera que, "en el actual estado de la causa, al menos concurren severos indicios de la comisión del delito de malversación por omisión, como mínimo, sin olvidar que parece que participó en la elaboración de los presupuestos de la Consejería de Empleo y en sus modificaciones en su condición de secretaria general técnica".
La Audiencia recuerda que, a la hora de imponerle la fianza civil, la magistrada valoró sus eventuales responsabilidades pecuniarias en el cinco por ciento de las modificaciones presupuestarias realizadas durante su mandato, más el tercio legal correspondiente, mismo porcentaje que se empleó en el caso de los también ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.
Por último, la Audiencia dice que, fijada la cuantía de la fianza, "resulta palmario" que la investigada "ha de responder con todos sus bienes presentes y futuros".