La Fiscalía reclama cinco años y medio de cárcel para cada uno de ellos, y solicita además que indemnicen a la víctima con 2.976 euros por las lesiones y las secuelas producidas.
En concreto, los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2009, sobre las 01.40 horas, cuando, según la Fiscalía, José Ramón R.G y Víctor B.G. --quien se encontraba fuera de servicio-- se enojaron a raíz del uso del teléfono por parte del arrestado y se dirigieron hasta los calabozos para tomar represalias.
Una vez allí, sacaron al detenido y lo trasladaron a los baños de las dependencias donde, durante el transcurso de diez minutos, le propinaron golpes en la cara, los brazos, la espalda y las piernas, causándole hematomas, contusiones y erosiones de hasta 20 centímetros en varias partes del cuerpo.
La acusación pública solicita dos años y medio de prisión por un delito de torturas y tres años por el de lesiones, con inhabilitación para el ejercicio como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el tiempo de la condena.