La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado por medio de un auto emitido este miércoles que sea el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez quien continúe investigando la presunta trama corrupta formada por ex altos cargos de Interior que integraban la empresa 'Interligare' la cual habría recibido irregularmente contratos públicos de la Administración.
El auto recogido por Europa Press argumenta su decisión en que "el fraude contra la Seguridad social es el más grave de los presuntos delitos cometidos" y considera que "debe regir la regla de competencia de ese delito". Asimismo añade que el domicilio social de la empresa investigada (Interligare) se encuentra en Aranjuez.
Por ello y "sin perjuicio del criterio que pueda mantenerse en un estado más avanzado de la investigación", rechaza el criterio de la jueza de Aranjuez que en noviembre de 2011 se inhibió en favor del Juzgado Decano de Madrid.
Entendía la juez que la investigación no se sigue sólo contra Interligare sino contra sino contra también contra otras dos sociedades (JMJ Complexsystem Lab y Garbo Sic Group) que tienen su sede en la calle Génova de Madrid y que habrían sido determinantes para la comisión del delito contra la Seguridad Social a la hora de cometer falsedades documentales.
La Fiscalía recurrió este auto de inhibición y ahora la Audiencia Provincial da la razón al Ministerio Público en un auto en el que además insta al Juzgado de Aranjuez a que compruebe "si el impago se debe a la tergiversación de las declaraciones de la Sociedad Interligare S.L.", lo que constituiría un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social "o si por el contrario existe el impago, pero la deuda está reconocida, lo que constituiría un hecho impune".
INFORME CLAVE DE LA TESORERÍA GENERAL
Para aclarar esta situación considera necesario conocer un informe de la Tesorería General que, según dice, ya ha sido solicitado. Concretamente, el principal delito investigado constituiría una infracción del artículo 305 del Código Penal penado con entre uno cinco años de cárcel.
Interligare habría estado integrada por ex altos mandos policiales y del Ministerio del Interior como Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información entre 1994 y 1996 y que en la actualidad ha ejercido como asesor del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.
Entre los investigados, también se encontraría Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe de superior de Policía de Cataluña y Madrid y que abandonó el Cuerpo en 2004. Además figura Luis Luengo, quien hasta el año pasado estuvo al frente de la Dirección de Infraestructuras del Ministerio del Interior. Se les investiga por la posible comisión de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.