Esta revisión parte de un informe de los servicios técnicos del IMI que mencionaba la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en los ejercicios que les correspondían, ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado en rueda de prensa preguntado por los periodistas que la alcaldesa, Ada Colau, ha firmado un decreto en el que ha hecho este encargo a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento, y que ha nombrado a dos responsables que actuarán como instructores del expediente para "detectar cuáles son las responsabilidades de cualquier tipo que pueden derivarse de esta actuación".
Ha destacado que esta es la segunda auditoría que encarga el Ayuntamiento, después de que ordenara una de la agenda pública de desarrollo urbano Barcelona Regional (BR), que Pisarello ha recordado que en el anterior mandato dependía de la misma tenencia de Alcaldía que el IMI, la de Hábitat Urbano.
"La voluntad de este Gobierno es que se puedan aclarar los hechos por el bien de estas entidades y organismos, que son muy importantes para el Ayuntamiento, y que pueda haber transparencia y llegar hasta el final para detectar las posibles responsabilidades que se deriven", ha resaltado el teniente de alcalde.
Preguntado por la relación entre los casos, ha señalado que "se deberá estudiar si hay un patrón común de malas prácticas entre ambos", tras lo que ha asegurado que el procedimiento de BR todavía está en marcha y no existen novedades.