En un escrito, firmado por el director del Departamento de Instituciones Financieras del organismo, José María Lamamié, el pasado 26 de octubre explica que "está analizando las medidas que puedan resultar procedentes con arreglo a la normativa aplicable, a la vista de las decisiones adoptadas en relación con la ejecución de la referida sentencia".
Así lo explica el organismo supervisor en el escrito enviado al abogado Iván Hernández, quien mantiene varias causas contra la entidad cántabra, y que solicitó al Banco de España la destitución inmediata del directivo, tras conocer la sentencia dictada el pasado mes de febrero.
Esto se produjo después de que la Audiencia Provincial de Barcelona aceptara la petición de Sáenz de suspender la ejecución de la sentencia, pero le denegara la de no inscribir la condena en el Registro Central de Penados, lo que hace que el directivo del Santander tenga antecedentes penales.
La Audiencia Provincial de Barcelona aceptó la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta la resolución del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la petición de indulto al Gobierno presentadas por Sáenz.
Hernández insiste ahora al Banco de España que dado "que han quedado inscritos los antecedentes penales" del directivo del Santander, "su decisión por imperativo legal y en ejercicio de funciones públicas, no puede estar sometida a la suspensión de la ejecución de la sentencia", ya que "estaría actuando en pleno conocimiento y conculcando flagrantemente la ley".
El abogado insiste al organismo supervisor que el Real Decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito impone honorabilidad a los directivos bancarios y que carecen de ella "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos" y quienes hayan sido "inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".
Desde la imposición de la condena, el pasado mes de febrero, el organismo supervisor ha evitado pronunciarse sobre cómo iba a afectar al consejero delegado del Banco Santander. Por su parte, la pasada semana el Tribunal Supremo se pronunció en contra del indulto, cuya última palabra la tiene el Gobierno.
El Tribunal Supremo condenó a Sáenz por un delito cometido en 1994 cuando era presidente de Banesto por una denuncia falsa presentada contra un grupo de acreedores a los que reclamaban una deuda y que, a raíz de esta denuncia, el juez Pascual Estevill decretó su entrada en prisión. La sentencia también condenó al entonces director regional de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama y al abogado Rafael Jiménez de Parga.