Asimismo, ha señalado que "jamás" nadie le ha planteado ninguna irregularidad con el expediente relativo a las ayudas a la Fundación Cyes ni ningún otro, ni le han presionado para que permitiera alguna irregularidad a favor de la entidad.
El exdirigente del PP, que ha llegado a decir que había lamentado ser persona aforada porque le habría gustado que durante la investigación se le hubiera intervenido el teléfono, ha recalcado que nunca ha obtenido ningún beneficio de la concesión de subvenciones.
"Nunca he tenido ni tengo ningún negocio, empresa, acción o participación ni en EEUU, ni en España ni en ninguna parte del mundo", ha dicho a preguntas de su letrado, Javier Boix, en un interrogatorio que se ha prolongado por una media hora.
Blasco, que ha destacado ser consciente de haber sido investigado patrimonialmente, ha defendido que ha vivido de su sueldo de funcionario y posteriormente del que le correspondía como representante político, con declaraciones de bienes que han sido públicas.
Asimismo, ha negado haber viajado "ni a Miami ni a ninguna parte" con el empresario considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y ha considerado que, en este caso, "se ha hecho una investigación que se ha excedido del mandato ordenado por Fiscalía".
Posteriormente, Blasco ha contestado brevemente a algunas preguntas formuladas por el letrado, como que el pago anticipado de subvenciones es "legal" y que se da en todas las autonomías; que en ocho ocasiones planteó a la Abogacía de la Generalitat emprender acciones para defender su derecho al honor; ha considerado normal la movilidad de los funcionarios y en relación con la lista de facturas admitidas y excluidas sobre el expediente de la Fundación Cyes, ha indicado que las relativas a la compra de viviendas estaban ya excluidas desde seis meses antes por la jefe de servicio.
De igual modo, el exconsejero ha sostenido que le consta que se dirigían a su secretaria para preguntar por él llamándole "jefe", algo que es un "tema recurrente" en la administración y que ignoraba quién componía la mesa de contratación para la adjudicación de la empresa evaluadora de los proyectos.
En relación con el acta del 31 de julio de 2008 sobre la concesión de ayudas a 14 grandes proyectos, ha indicado que, pese a que se firmó por unanimidad, existía el compromiso verbal voluntario para que se solventaran dudas sobre documentación acreditativa de experiencia previa para concurrir.