El BNG de la Diputación orensana ha pedido que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decida la destitución "fulminante" del "superdelegado" de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, y del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, "por ser los responsables máximos" de adjudicar en 2003 a una empresa la instalación de más de cien depuradoras en municipios rurales, en posible fraude investigado por Europa.
En una rueda de prensa, el portavoz del BNG provincial, Leopoldo Rodríguez Puga, ha aludido a las "sospechas" del BNG en 2004 por el proceso de adjudicación desarrollado en 2002, pues "se dio todo a una empresa que tenía un equipamiento para depuradoras determinado y en sólo 9 días tuvo el acopio suficiente de material para comenzar la instalación, desde que le fue adjudicada".
Rodríguez Puga estuvo acompañado por la exparlamentaria europea Ana Miranda, y ambos detallaron la sucesión de hechos que llevaron a que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) enviase un expediente de las actuaciones de la Diputación al ministerio de Hacienda, para que requiera la devolución de los 10 millones de euros de fondos europeos, recibidos por la institución provincial para los programas Derade y Deputrans entre los años 2002 y 2004.
VINCULOS CON EL "SUPERDELEGADO"
Rodríguez ha exigido también la destitución del "superdelegado" de la Xunta en Orense, Rogelio Martínez, por "el vínculo familiar que existe entre el empresario que instaló las depuradoras y él mismo", tema por el que el BNG preguntó en un pleno de la Diputación de 2012 "y Baltar respondió que la transparencia y publicidad en el proceso de adjudicación fueron máximas".
Lo ocurrido, según el portavoz, evidencia que el presidente de la Diputación, "antes el padre y ahora el hijo", protagonizó lo que era el "peor" de los temores, "al vulnerar de nuevo la Ley y poner a la Diputación provincial en el foco de atención de las malas prácticas, aunque ahora contrate a asesores externos para la transparencia".
También ha aludido a las "contradicciones" del actual presidente de la Diputación, pues "por un lado anuncia una comisión de investigación y por otro ya tiene sus conclusiones, pues en la misma rueda de prensa, dijo que alegará contra todas las cuestiones planteadas por la Olaf con pruebas contundentes que demostrarán la falsedad del expediente europeo, ¿en que quedamos?", ha concluido.
Finalmente, ha calificado la actuación de José Manuel Baltar de "cinismo político" y "cortina de humo sobre hechos gravísimos" y ha aludido también al anuncio del presidente Baltar sobre una alegación por la prescripción de los hechos.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Por su parte, Ana Miranda ha dicho que en, este asunto, también es grave pensar en que finalmente se tengan que devolver los diez millones de euros, "pues supondría una gran merma de fondos públicos destinados a los municipios rurales" y ha hecho mención también a lo que pueda suponer "en el actual proceso europeo de reparto de fondos, pues ya serán menos de los previstos y ahora esto podría tener consecuencias".
El portavoz en la Diputación exigió "disculpas públicas" de Baltar a los ciudadanos de la provincia y que los políticos responsables de esa actuación "devuelvan ese dinero de su patrimonio personal".
Ha relatado además que comprobó personalmente en el municipio de Muiños que ninguna de las dos depuradoras instaladas con los programas europeos investigados por la Olaf funciona, y ha explicado que, en realidad, no lo hace "casi ninguna", pues el funcionamiento supone un desembolso de 25.000 euros anuales de las arcas municipales.
En el caso concreto de Arnoia, donde el actual "superdelegado" Rogelio Martínez, era alcalde en el momento de las adjudicaciones, hay tres depuradoras "y en casi todos los ayuntamientos que entraron en los programas hay 2 o 3 instalaciones no utilizadas" ha detallado.