La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno para responder a las exigencias de Bruselas.
Si el Ejecutivo comunitario no da por buena la respuesta de España en ese plazo, seguirá adelante con el expediente y podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de a España, Bruselas ha enviado el mismo aviso a otros catorce Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Suecia.
Las nuevas normas hacen "más eficiente y transparente" la contratación pública en los países de la Unión Europea, según ha explicado el Ejecutivo comunitario, que destaca la puesta en marcha de reglas "más inteligentes y más procedimientos electrónicos".
Además, hacen que sea "más barato y más fácil" para las pymes participar en concursos públicos, mejoran la transparencia y la competencia y contribuyen a la consecución de objetivos políticos más amplios, tales como objetivos medioambientales y sociales relacionados con la innovación.