En declaraciones a los medios en Bilbao, Calparsoro ha afirmado que, en esta discrepancia "legítima", "las dos posturas tienen base jurídica", "como tantas veces en derecho", y "se ve todos los días en los órganos judiciales" que los dos posicionamientos pueden ser sostenidos "con razonamiento". Por su parte, ha señalado que prefiere "reservar" su opinión sobre cuál sería la más acertada "por respeto", ya que no es su competencia.
Asimismo, ha apuntado que lo que está sucediendo, en este caso, "no es lo habitual", pero "tampoco es algo que nos tenga que sorprender" porque está en "la ley que regula el Ministerio Público".
De este modo, ha recordado que, cuando se da "una discrepancia" entre el Fiscal General y un Fiscal Jefe, "lo procedente es lo que se está haciendo, es decir, convocar las juntas de fiscales correspondientes, en este caso de Sala, y, después de oírlos, el Fiscal General tendrá que tomar la decisión definitiva".
Esta situación, a su entender, "puede dar una impresión de que el Ministerio Público es plural y de que puede haber opiniones diversas y, por tanto, no somos una estructura monolítica, sino que hay opiniones y, para eso, están las juntas de fiscales, para discutir, para debatir". "Es una muestra de democracia interna", ha subrayado.
Asimismo, ha defendido que "presiones, en ningún caso puede haber habido" en la Fiscalía. Según ha indicado, "puede haber habido peticiones, pero presiones en un sentido peyorativo del término, como coactivo hacia el fiscal, es imposible porque la Fiscalía no está sujeta a ningún tipo de orden ni influencia ajena".
"Otra cosa es que, en un contexto social, tenemos el interés social y los fiscales no somos exclusivamente racionales, también tenemos nuestros sentimientos, nuestra identidad y nuestras relaciones. Y, en un contexto determinado, puede haber una sensibilidad mayor hacia un tipo de sentimientos públicos, sociales de ideas, y en otros hacia otros. Pero presiones no puede haber. Sería, además, un delito. Por ley no puede haber", ha insistido.
PERFECTAMENTE AUTÓNOMA
En esta línea, ha incidido, preguntado por una posible falta de autonomía del fiscal general, en que esta figura es "perfectamente autónoma ya que, si bien lo propone el Gobierno, "una vez propuesto es inamovible".
De este modo, ha apuntado que el Gobierno central puede haber expresado "su deseo de que se presente una querella" y el Ejecutivo catalán "obviamente ha manifestado su oposición a que se interponga", pero, en "ese debate legítimo, al final la decisión que adopte el fiscal general es absolutamente autónoma e independiente". "No puede estar sujeto a ninguna orden ni indicación de ninguna autoridad, ni autonómica ni central", ha reiterado.