El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha advertido de que ha llegado la hora en la que el ciudadano diga "ya vale" contra los corruptos y ha destacado que el "mayor problema" de España reside en una pérdida de confianza hacia los políticos, que es "letal". "Si los políticos quieren recuperar la afección de la ciudadanía, en el momento en el que sean sospechosos tienen que dimitir", ha añadido.
En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el presidente de la Abogacía ha explicado que la dimisión no debe reservarse al imputado ni a los delitos no prescritos, sino que debe ser apartado del "circuito del dinero" aquel que "malmete" los recursos públicos. "Al que sea capaz de tocar dinero público, hay que arruinarle la convivencia, que es lo que hace el delincuente: quebrar la convivencia de todos los ciudadanos", ha remachado.
A su juicio, cualquier indicio de corrupción debe ser erradicado "tajantemente" ya que en el futuro inmediato la prevaricación será "el mayor cáncer" de una sociedad que quiera salir con una economía firme y que debe impedir que sus recursos "se vayan por el desagüe". En este sentido, ha lamentado que la corrupción no tiene el reproche social de otros delitos, como es la pederastia.
LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE ROZA LA INCONSTITUCIONALIDAD
Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía ha expresado su valoración "absolutamente negativa" hacia la reforma del Código Penal y ha subrayado que el Gobierno no ha explicado de qué forma el endurecimiento de algunos delitos reducirá las tasas de delincuencia. "Si no es inconstitucional, lo está rozando", ha agregado sobre la prisión permanente revisable.
En su opinión, esta pena dirigida a homicidios causados por terroristas y los asesinatos más graves no es necesaria en un momento en el que se dice que ETA es "historia pasada", en el que España tiene el mayor número de reclusos de Europa y uno de los menores índices de delincuencia. Lo que hace falta, a su juicio, es revisar la situación de los enfermos mentales en las cárceles, cosa que podría resolverse si se hiciera cargo la sanidad pública mental.
"¿La prisión permanente qué es un mecanismo para ganar votos?", se ha preguntado Carnicer, para responder: "Pues sinceramente me parece muy mal". "No se puede legislar por clamor social", ha remachado, para defender las razones de equidad en las penas.
Al ser preguntado por las consecuencias para los letrados que tendría una Cataluña independiente, Carnicer ha respondido que el Consell de l'Advocacia Catalana (ICAC), que representa los catorce colegios de abogados de Cataluña, respetará la legalidad vigente. "Para mí es inimaginable que se independice Cataluña, ni me lo planteo", ha confesado.
A su entender, si Cataluña "se desgaja" del resto de España, la menor preocupación para sus responsables sería la forma en la que se distribuirían las causas penales. "No vamos a entrar en eso", ha concluido.