La comparecencia está fijada a partir de las 12.00 horas, si bien antes están previstas las declaraciones de tres testigos en el marco de esta misma causa, que constituye la pieza número 27 del caso Palma Arena y está considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares.
Entre los testigos está citado el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, quien cumple una condena de cinco años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la Administración y cohecho, al haber ideado y planificado, durante el mismo mandato, una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad.
Según un informe de la Guardia Civil aportado a estas pesquisas, al que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo balear desgajó en varios contratos la anterior cantidad para que Over diese publicidad a una campaña del Govern denominada 'Ciberpime'. Para que ésta pudiera hacerse con la contratación, el pago fue fraccionado a través de varias Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas -entre las que se encontraba el ParcBit- y una mercantil privada que "nada tuvo que ver" con la campaña.
En el caso del ParcBit, los investigadores hallaron dos facturas libradas por dos empresas vinculadas a Over -Link America y Traci Comunicación-, una de ellas por 10.842 euros en concepto de 'inserciones en prensa', y otra por 11.899 por 'compras de inserciones en prensa'. En la declaración que prestó en sede de la Guardia Civil, Reus negó su vinculación con estos hechos.
En su informe, el Instituto Armado señala que durante los registros practicados en la sede de Over, en verano de 2010, con motivo de la operación policial del llamado caso Ibatur, fue hallada numerosa documentación que "evidencia" el coste real de 'Ciberpime'. Los trabajos fueron desarrollados durante los años 2005 y 2006.
Los documentos aportados por la Benemérita incluyen asimismo varios correos que acreditarían el presunto amaño en favor del entramado societario Over Marketing y que revelan comunicaciones entre directivos de esta empresa, en las que se detalla cómo la facturación emitida y pendiente de 'Ciberpime' debía ascender a 91.691 euros (109.138 euros con IVA).
Del mismo modo, en los emails se detalle que parte de la facturación de la campaña publicitaria va dirigida a la empresa Indra Sistemas, que según la Guardia Civil no tenía nada que ver con 'Ciberpime' si bien durante esas fechas fue adjudicataria de otro concurso público por parte de la Conselleria de Economía, denominado 'Administración Digital', por un importe de alrededor de un millón de euros.
LAS INVESTIGACIONES DEL CASO OVER
A nivel global, esta pieza -dividida recientemente en dos subpiezas- centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over durante el último mandato de Matas, y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.
Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
En el marco de esta causa se encuentran imputados el propio Matas, el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, el expresidente del Parlament balear Pere Rotger, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero 'popular' Fernando Areal, y el administrador de Over, Daniel Mercado.