En rueda de prensa en Jaén, ha explicado que este viernes ha quedado presentada en la Mesa del Congreso la enmienda a unas cuentas que rechazan "de plano", de modo que piden su devolución al Gobierno, ya que "no sirven, en definitiva, para paliar los efectos de la crisis".
A su juicio, están basadas en una "primera premisa falsa": un crecimiento de la economía del 1,8 por ciento del PIB que "no es creíble" y "mucho menos en la situación, no todavía de recesión, pero sí de deterioro muy importante" en la zona euro", fundamental para las exportaciones de España.
En segundo lugar, ha aludido a la política de bajada salarial que "sigue perjudicando al consumo interno". Al hilo, ha negado que esa reducción haya servido para ser más competitivos en Europa en cuanto a las exportaciones, dado que las encuestas apuntan que este elemento "influye sólo en un 13 por ciento". "El problema el que tienen es el de siempre, que no tienen clientes porque se ha deteriorado el consumo como consecuencia de la reducción de la masa salarial", ha apostillado.
Lara ha criticado también que en los PGE "se plantea seguir destruyendo empleo público", dado que la tasa de reposición "es de cinco a diez", al tiempo que "se congela por quinto año consecutivo" el sueldo de los trabajadores de este sector, que acumulan un pérdida de poder adquisitivo de en torno al 20 por ciento.
Sobre las políticas activas de empleo, ha indicado que la "inversión en 34 por ciento inferior a la de 2011", a lo que ha sumado que la cobertura por desempleo "se reduce un 15 por ciento" frente al ejercicio anterior. Según ha dicho, en 2010 el 74 por ciento de parados tenía algún tipo de ayuda o pensión de la Seguridad Social y "en este año concreto, sólo el 52 por ciento".
POLÍTICAS FUNDAMENTALES
Además, ha hecho una comparativa de las partidas de fomento de empleo, sanidad, educación y cultura, I+D+i y justicia, entre 2011, cuando el PP llegó al Gobierno y 2015, y ha hablado de una "bajada de entre el 34 y el ocho por ciento". "Por tanto, estamos en unos presupuestos que no recuperan el deterioro de las cuentas públicas y la reducción de las políticas fundamentales", ha incidido.
Como ejemplos, se ha referido a la Ley de la Dependencia, que "tiene la cifra pírrica de un 0,4 por ciento de cofinanciación con las comunidades", mientras que el Plan Concertado de Servicios Sociales "este año está en una cuarta parte de lo que supuso en 2009". Junto a ello, ha hablado del "recorte del 28 por ciento" frente a 2014 en materia de vivienda y de la cifra "ridícula" del 0,17 por ciento del PIB que se destina a cooperación al desarrollo, lo que choca con la media del 0,50 por ciento en la OCDE y con "los compromisos de España" de "llegar al 0,7 por ciento en 2015".
Para el coordinador federal de IU, asimismo, "el aumento de la desigualdad acompañará a estas cuentas". Ha afirmado que "uno de cada cinco españoles están en el umbral, 750.000 hogares siguen sin ingresos" y "crece de manera exponencial el número de ricos y pobres", un panorama que estos PGE "no corrigen", sino que "ampliarán el deterioro social".
De otro lado, se ha referido a los ingresos para apuntar que "hay menos equidad a la hora de llevarlos a la Hacienda", de manera que "bajan tramos de IRPF", se incrementan impuesto indirectos, especialmente el del IVA, y bajan los directos, en concreto para las grandes empresas el de sociedades pasa del 30 al 28 por ciento.
FRAUDE
Igualmente, ha lamentado que "no se combate el fraude fiscal", cifrado en 87.000 millones de euros, algo que se refleja en el hecho de que el país tiene un inspector por cada 1.680 contribuyentes cuando la media en la OCDE es de "tres veces más". Asimismo, los intereses de la deuda "siguen siendo insoportables" y, aunque las transferencias a las comunidades suben en un seis por ciento, "no compensan la reducción del 20 por ciento del ejercicio anterior".
Con respecto a la inversión pública, constituye la cifra "ridícula" del "1,2 por ciento del PIB, en torno a 13.000 millones de euros". Según ha comentado, "es cierto que crece un 8,4 por ciento, pero no lo es menos que es inferior en un 37 por ciento a la hecha en 2011".
Por todo ello, además de la devolución de los PGE al Gobierno y la enmienda, se ha presentado una batería de propuestas porque "es posible unos presupuestos alternativos" que permitan "luchar contra el fraude, puedan generar empleo y empezar a salir de la crisis de una manera social". "Si no se hace es porque no se quiere, no porque no se puede", ha zanjado.