El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente una petición a las Cortes para evitar ninguneos a la función consultiva de este órgano como el ocurrido con ocasión de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que vía enmienda introdujo un precepto que permite a los jueces y fiscales que han tenido un cargo político computar dicho periodo para no perder antigüedad en el escalafón de la carrera judicial.
La propuesta que se llevará al Pleno propone que el órgano de gobierno de los jueces se dirija al Congreso de los Diputados y al Senado para manifestarles la "conveniencia" de que, en lo sucesivo, se le consulte ante cualquier modificación legislativa que afecte al estatuto del juez "aunque ésta sea por vía enmienda".
En algunos sectores del Consejo existe cierto malestar porque la reforma se introdujo en el último momento en la tramitación en Cortes eludiendo así la opinión de este órgano.
EL CGPJ había realizó un informe sobre el Anteproyecto de reforma que le fue remitido en su día sobre otros cambios operados en la LOPJ, si bien este punto concreto se incluyó vía enmienda en el último trámite parlamentario.
El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ ya tomó conocimiento de un escrito de queja remitido el Foro Judicial Independiente muy crítico con las formas con las que el Parlamento aprobó vía enmienda esta modificación legal.
El CGPJ ha aplicado la reforma en tres ocasiones hasta el momento. El pasado martes se pasó a situación de servicios especiales al diputado socialista por Córdoba Juan Luis Rascón, al igual que una semana antes se había hecho respecto del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, y del alcalde del Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP.
Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de octubre que el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Manuel Campos Sánchez, habían sido los primeros fiscales que han estrenado las ventajas incluidas en la nueva legislación. A éstos se ha unido recientemente el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, también fiscal de carrera.
La reforma supone la modificación del artículo 351 de la LOPJ, de modo que se permite a los miembros de la judicatura y a los fiscales que ocupen cualquier cargo político o de confianza el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con lo que mantienen el cómputo de antigüedad.