Los integrantes del Consejo han suscrito una nota en la que confían en que el Tribunal Constitucional pueda anular "determinados" preceptos de la reforma auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para ser aplicada en la próxima renovación.
"Ya en su día el informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial puso de relieve las dudas de constitucionalidad de varios artículos de la norma", recuerdan los vocales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado esta jueves la reforma del Consejo al Alto Tribunal en pleno proceso de renovación de este órgano, porque considera la reforma un "atropello", una "ocupación política" y un "golpe mortal" a la independencia judicial.
"GOLPE MORTAL" AL PODER JUDICIAL
Entre otros puntos, el principal grupo de la oposición denuncia "la supresión de las mayorías cualificadas" para las decisiones más importantes y los nombramientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el resto de los tribunales y critica el "desapoderamiento de funciones" del Consejo que asesta "un golpe mortal" a su independencia.
Para el PSOE, la reforma no respeta principios constitucionales esenciales y supone un "golpe sin parangón a la independencia judicial" y "una ocupación política" del Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno del PP que "traspasa todos los límites tolerables en una democracia".
El anuncio de los socialistas llega en pleno proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces, ya que el mandato del actual terminó el 24 de septiembre. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista defienden que el recurso no es incompatible con la renovación del órgano, aunque no confirman la existencia de conversaciones con el PP para elegir a miembros que sean de consenso.
Precisamente, esta semana tanto el Congreso como el Senado han decidido prorrogar 15 días, hasta el 8 de octubre, el plazo para que los grupos presenten candidatos al Consejo.
El GCPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son jueces y ocho deben ser juristas de reconocido prestigio. El Congreso elige a la mitad y el Senado a los otros 10, en ambos casos con una mayoría cualificada de tres quintos.
La nueva ley hace posible que, en caso de bloqueo, el Consejo del Poder Judicial pueda darse por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir a diez vocales, algo que el PP no puede hacer unilateralmente en el Congreso pero sí en el Senado, donde dispone de mayoría suficiente.