El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde este jueves, con veinte votos a favor y uno en blanco, al informe que realiza un análisis positivo del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar. Hace algunas sugerencias como que los jueces togados puedan tramitar quejas y que los traslados y cambios de grado se motiven por escrito.
El dictamen, del que ha sido ponente el vocal Wenceslao Olea, califica la reforma de este reglamento de positiva en términos de oportunidad y necesidad, ya que la norma actualmente en vigor data de 1992 y, desde entonces, se han producido cambios importantes como la desaparición del servicio militar obligatorio, dando paso a unas Fuerzas Armadas profesionales.
El órgano de gobierno de los jueces, no obstante, propone que se valore la oportunidad de que el Proyecto posibilite la impugnación directa ante el Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria de las quejas, peticiones y, especialmente, recursos que planteen los internos, permitiendo así el efectivo control jurisdiccional de la ejecución de la pena de prisión y garantizando la tutela judicial efectiva de los internos.
También en aras a reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva del penado, el informe señala que el Proyecto debería recoger que las resoluciones del Director del Establecimiento Penitenciario Militar sobre clasificación inicial, pase de grado y traslado de internos por razones extraordinarias sean escritas y motivadas.
El Reglamento también tiene en cuenta otros cambios como la existencia en la actualidad de un solo Establecimiento Penitenciario Militar en el que, tras la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, se concentran los penados de ambos sexos.
NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR
También se alude la necesidad de conciliar el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con el derecho a la intimidad de los internos reconocido en la Constitución y a las múltiples modificaciones del Código Penal en materia de libertad condicional y de creación de penas como la de trabajos en beneficio de la comunidad, o la reciente aprobación de un nuevo Código Penal Militar incorporando nuevas penas como la de localización permanente.
En este sentido, el CGPJ considera que el Proyecto contiene numerosos aspectos que han de ser favorablemente valorados, como la atribución al subsecretario de Defensa de la potestad de designar los establecimientos militares como Centros de internamiento para cumplimiento de penas alternativas.
La razón es que siendo una de las finalidades de los Establecimientos Penitenciarios Militares la reincorporación del interno a las Fuerzas Armadas, el hecho de que cumpla la pena alternativa, por ejemplo, en su unidad de destino, permite que mantenga el contacto y el vínculo con la misma facilitando su posterior integración.
También se acoge favorablemente la obligación de los responsables de los Establecimientos Penitenciarios Militares de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la ampliación del elenco de profesionales que han de formar parte de los Equipos de observación y tratamiento incorporando a un psiquiatra, educadores sociales y monitores deportivos u ocupacionales para individualizar el tratamiento del interno.