El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Fonseca-Herrero, ha acordado este viernes el archivo de las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de enero en relación con la magistrada Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente en situación de servicios especiales como diputada al Congreso por Podemos.
El asunto estaba sobre la mesa del promotor disciplinario a raíz de una diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía sobre el posible retardo malicioso por parte de Rosell de una investigación judicial abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas denunciaba que Rosell podría haber cometido una infracción disciplinaria muy grave al no haberse abstenido del conocimiento de las actuaciones contra Ramírez, quien firmó un contrato con la pareja de la magistrada por el que éste le cedía temporalmente la frecuencia de una emisora de radio de la que es adjudicatario.
En el acuerdo de archivo, el promotor señala que la Fiscalía no ha aportado datos que permitan sostener la existencia de interés directo en la causa penal por parte de Victoria Rosell.
No obstante, se daba la circunstancia de que, tres días después de que la magistrada pidiese su excedencia para fichar con Podemos, el pasado 23 de octubre, el citado empresario cerró una operación económica de compra de una emisora de radio con lo la pareja de Rosell,el periodista Carlos Sosa, por unos 300.000 euros.
Fonseca-Herrero explica en su resolución que el contrato se firmó el 26 de octubre de 2015, cuando la magistrada ya había solicitado (16 de octubre) y le había sido concedida (22 de octubre) la excedencia voluntaria, y añade que según los testigos a los que tomó declaración la propia Fiscalía las negociaciones para la firma no se iniciaron hasta primeros de ese mes, sin que conste que la pareja de Rosell interviniera en ellas hasta los días 8 o 9.
Además, señala que en el breve tiempo transcurrido entre el inicio de esas negociaciones y la fecha de la excedencia voluntaria, no consta que la magistrada interviniera en la instrucción de la causa.
PODÍA NO CONOCER EL ACUERDO
La Fiscalía, dice el promotor, no ha alegado nada sobre ello, como tampoco ha aportado indicio alguno, más allá del hecho de la convivencia, que permita sospechar que la magistrada era conocedora de la actuación de su pareja.
Según informó la Fiscalía en su día, el resultado de las diligencias que ha sido remitido al CGPJ no tiene carácter penal, mientras que Rosell siempre ha defendido que no ha cometido ningún delito ni penal ni administrativo.