La entrada en vigor de esa norma "tiene una gran trascendencia, ya que es una legislación moderna y avanzada que supone un antes y un después en la garantía del acceso a la información", explicó a Efe Cristóbal Tello, director ejecutivo de Chile Transparente.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, hizo el jueves un llamamiento a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación para que hagan un uso responsable de esta ley, que según dijo fue elaborada "para participar, no para obstruir".
La denominada Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información incluye la creación del Consejo para la Transparencia, nombrado por el presidente con acuerdo del Senado, y que será la instancia responsable de garantizar su cumplimiento.
México y Honduras eran los únicos países latinoamericanos que hasta el momento contaban con un organismo similar, según explicó a Efe Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, que participó en la elaboración de esa ley.
Este órgano, al que podrán recurrir los ciudadanos en el caso de que se les niegue el acceso a la información, comenzará a funcionar este lunes.
La ley comienza su andadura tras varios casos de corrupción como el de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) de Chile, que estalló en 2006, año en el que también salieron a la luz varios casos de uso indebido de fondos públicos en otros organismos del Estado, como la Subsecretaría de Deportes.
Esos escándalos se sumaron a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado de Chile por denegar el acceso a la información que el Comité de Inversiones Extranjeras tenía sobre la empresa forestal Trillium.
Por ello, Bachelet, que accedió al poder en marzo de 2006, estableció en noviembre de ese año la llamada Agenda de Probidad, para mejorar la transparencia, modernizar el Estado y combatir la corrupción.
Esa iniciativa dio lugar a algunas modificaciones al proyecto, que entonces se debatía en el Congreso a partir de la moción que en 2005 presentaron dos senadores, el oficialista Jaime Gazmuri y el opositor Hernán Larraín. Bachelet sancionó la ley en agosto de 2008.
En virtud de la nueva legislación, los órganos y servicios públicos están obligados a mantener publicada en sus páginas de Internet ciertos datos actualizados.
"Probablemente en una primera etapa va a haber algún problema" relacionado con las herramientas técnicas y con la capacitación de los funcionarios, explica el responsable de la organización no gubernamental Chile Transparente.
No obstante, Tello considera que "va a haber un cumplimiento mayoritario de esta ley", que a su juicio "cumple con los estándares más avanzados y deja a Chile en un nivel similar a México, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia".
Además, según el director ejecutivo de Pro Acceso, también Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Perú, entre otros países latinoamericanos, tienen una legislación que garantiza el acceso a la información.