La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, reclama también que comparezcan en calidad de investigados --término que sustituye al de imputado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal-- el antiguo subgobernador Javier Aríztegui y el ex director general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello; mientras que solicita la testifical de José Antonio Casaus, que fuera jefe de inspección de Bankia desde su creación.
La organización, que requiere que el Grupo BFA-Bankia entregue sus informes referidos al ejercicio 2012, considera que los informes complementarios elaborados por los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras y la práctica de las diligencias de investigación han arrojado "sólidos y concluyentes indicios delictivos" sobre la responsabilidad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Los informes de seguimiento y el testimonio de los inspectores del Banco de España acreditan que los máximos responsables de dicha institución conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarlos", explica en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
La CIC, defendida por el abogado Andrés Herzog, acusa al supervisor de permitir que "se trasladara una imagen absolutamente irreal" de la situación financiera del banco y haya "coadyuvado al engaño masivo de inversores y clientes, que seguían depositando su confianza en una entidad aparentemente rentable y supuestamente modélica en cuanto a su gestión".
Asimismo, recuerda que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comunicó en 2013 a la Fiscalía Anticorrupción cómo la Comisión Ejecutiva del Banco de España fue "suavizando" las conclusiones de sus inspectores y omitió realizar actuaciones coercitivas sobre las entidades a fin de impedir las "deficiencias" que se iban detectando.
Finalmente, la acusación popular apunta a la responsabilidad de la CNVM en la autorización por su parte de la salida a Bolsa de Bankia, "previa exención a la entidad de aportar sus cuentas anuales auditadas".