Rivera ha comparecido este jueves en rueda de prensa en el Congreso un día después de la sesión constituyente de las Cortes Generales para anunciar las primeras iniciativas que su formación quiere presentar en el Congreso.
Sin embargo, dada la situación de interinidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha anunciado que su formación pedirá a la Mesa de la Cámara Baja que encargue un informe que aclare los límites, "si es que los hay", para que los grupos presenten iniciativas parlamentarias y para tramitarlas antes de que se forme el nuevo Gobierno.
"Que diga a los grupos qué presentar o qué no presentar y qué se puede llevar a cabo con un Gobierno en funciones --ha argumentado--. Tenemos una situación interina en la que hay muchas cuestiones que tienen consecuencias presupuestarias sobre los PGE o que pueden afectar al Gobierno en funciones".
Después de que los 350 diputados prometieran su cargo este miércoles, los partidos se han apresurado a registrar sus iniciativas parlamentarias. El primero fue Podemos el mismo día con su denominada Ley 25 de emergencia social'. Este jueves ha sido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha registrado una batería de iniciativas del Grupo Socialista y el propio Rivera ha asegurado que Ciudadanos presentará también hoy algunas de sus medidas.
DUDAS ENTRE LOS JURISTAS
Según distintas fuentes consultadas por Europa Press, una vez constituidas las Cortes, los grupos parlamentarios pueden plantear proposiciones aunque no esté elegido el presidente del Gobierno ni constituido el nuevo Ejecutivo. No obstante, su tramitación y aprobación plantea dudas entre los juristas dado que no hay precedentes.
Durante la campaña electoral, PSOE, Podemos o IU ya avanzaron su intención de derogar o cambiar a fondo la reforma laboral, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley mordaza' por sus detractores, o la de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En el caso de ésta última, por ejemplo, la oposición selló el compromiso expreso de revertirla en cuanto hubiera mayoría para ello.
Sin embargo, más allá de una declaración de intenciones, las peculiaridades del trámite legislativo complican que estas reformas sean finalmente aprobadas, aunque no es imposible.
Las fuentes consultadas han explicado que no está expresamente regulado qué pueden o no hacer los grupos mientras duran las negociaciones para formar gobierno; como tampoco hay precedentes, la vida parlamentaria queda en manos de las nuevas Mesas, que tienen un margen de actuación.
LA INTERVENCIÓN DE UN GOBIERNO EN FUNCIONES
En teoría, los grupos no estarían facultados para ejercer su labor de control a un Gobierno en funciones (no habrá por tanto sesiones con preguntas ni se debatirán mociones o proposiciones no de ley), pero sí pueden presentar proposiciones de ley; se trata de iniciativas con las que se pueden plantear normas, reformar las que están en vigor o incluso derogarlas, bien para volver a una ley anterior, bien para aprobar un texto nuevo.
Si esto ocurre, si alguien toma la iniciativa, se planteará una primera duda jurídica, según las mismas fuentes. El Gobierno tiene capacidad para impedir la tramitación de una proposición de ley en el Congreso y tiene 30 días para expresar su criterio en contra (aunque el único motivo es que se aumente el gasto o se disminuyan los ingresos públicos).
Sin embargo, un Gobierno en funciones tiene esta capacidad limitada, no puede informar sobre una ley, y se duda por tanto de si la propuesta podría seguir adelante: el hecho de que el Ejecutivo no pueda dar su opinión ni a favor ni en contra, ¿detiene la tramitación?
Fuentes parlamentarias señalan que la nueva Mesa debería en ese caso intervenir, consultar probablemente a sus servicios jurídicos y tomar una decisión. Si se acepta que la proposición siga adelante, la toma en consideración tendrá que ser aprobada de entrada por un Pleno y pasar después a una comisión.
OTROS DOS MESES EN EL SENADO
Suponiendo que se superasen todos los trámites en el Congreso, que pueden prolongarse unos dos meses, la proposición pasaría después al Senado. Aquí el PP tiene mayoría absoluta y podría imponer una larga tramitación del texto, otros dos meses, al final de los cuales además rechazaría la reforma o derogación de la ley planteada. En este caso, la propuesta tendría que volver al Congreso.
Toda esta tramitación sumaría varios meses de trabajo parlamentario y para entonces, o bien se habrían convocado nuevas elecciones o se habría elegido un nuevo Gobierno, que a su vez tendría que asumir la reforma aprobada o plantear otra.