Este órgano buscará "clarificar las responsabilidades de los miembros del Grupo Municipal Popular en el caso y hacer propuestas en la línea de evitar que esta situación se repita en el consistorio", según ha anunciado este jueves el segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, tras la aprobación por unanimidad de su creación en la comisión de Participación, Derechos e Innovación Democrática.
La comisión contará con un representante de cada grupo y se reunirá cada 15 días. En este caso, el juez mantiene como investigados a nueve de los diez concejales 'populares' en el Ayuntamiento de Valencia por un presunto delito de blanqueo. Únicamente no está investigado el edil independiente Eusebio Monzó. El instructor ha abierto pieza separada del caso Imelsa, con 50 investigados entre exediles, concejales y asesores. Esta misma semana acordó una prórroga del secreto de sumario para toda la causa, que se extiende hasta el 14 de marzo.
Peris ha explicado que ha habido "discrepancias" con el grupo municipal de Ciudadanos en cuanto al inicio de los trabajos en la comisión. En este sentido, ha señalado que "hasta que no se levante el secreto de sumario, no tendremos la información fidedigna sobre cuáles son los hechos del caso". "No era posible empezar antes, porque pedir a gente que pueda estar involucrada que aporte información de este caso sería directamente ilegal que la aportaran", ha indicado.
DOS TIPOS DE SESIONES
Según ha apuntado el edil, la comisión seguirá una dinámica de dos tipos de sesiones: unas "de carácter deliberativo y de preparación de los trabajos que serán a puerta cerrada", y otras "que incluirán la presencia de comparecientes, informantes, expertos y personas que puedan aportar información para la investigación", que serán abiertas a los medios y se grabarán en vídeo y audio.
Peris ha insistido en que esta comisión "irá más allá" y que "cuándo se sepa cuál es el objeto que hay que investigar una vez se levante el secreto de sumario, se procederán a investigar los contratos que pudieran estar involucrados".
"El objetivo es conocer que es lo que ha fallado aquí en términos de control y supervisión. Eso sí ha quedado recogido en la propuesta de acuerdo y la idea es proponer mecanismos y evitar que en un futuro esto se vuelva a producir", ha manifestado.