La juez condena también por prevaricación urbanística y 19 meses de prisión al jefe de la Oficina técnica del municipio, Antonio Lorenzo y al exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes.
Las dos licencias concedidas en el plan parcial Playa Blanca se otorgaron en 2005 para unos 66 chalés. En la sentencia se considera probado que "las autorizaciones pretendidas, y que se otorgarían, eran carentes de todo amparo legal y solo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote".