40 medidas en una decena de leyes: el Gobierno está dispuesto a terminar con la corrupción del futuro. Habrá un control por ley de las cuentas de los partidos.
Si hubiera existido ya, Bárcenas tendría que haber explicado cada año en el Congreso las finanzas del PP. Esas cuentas habrían sido revisadas y aprobadas obligatoriamente por el partido. Y la organización tendría que haber dado a conocer, además, cada euro que hubiera recibido de subvención. Pero también estarán controladas las retribuciones de los políticos y de los cargos públicos de la Administración del Estado. Se regulará la presentación pública de sus declaraciones a Hacienda. Y habrá una auditoría de su situación patrimonial cuando accedan y cuando dejen sus cargos. Entre estas medidas de Regeneración Democrática se incluyen además reformas del Código Penal. Por ejemplo, habrá más supuestos en los que la mala gestión del patrimonio público será castigadas. Además, ya no habrá que demostrar que el político de turno se ha enriquecido para acusarlo de malversación. Y será un delito por sí mismo ocultar el patrimonio para no tener que pagar a los acreedores. Más adelante podrían aprobarse nuevos delitos y agravamiento de penas.