En un dictamen solicitado por el Govern y por el grupo parlamentario del PSC, el ente consultivo de la Generalitat catalana considera por unanimidad que, además de las medidas que afectan a los empleados públicos, existen varios apartados que vulneran competencias de la Generalitat.
El Consejo de Garantías también considera que los apartados del Real Decreto que hacen referencia a la liberalización de horarios comerciales vulneran competencias de la Generalitat catalana.