Así se ha pronunciado Arizmendi ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias programada por este órgano para recabar propuestas para mejorar la legislación sobre financiación de partidos políticos.
Arizmendi ha confesado no entender esta "tendencia de la Administración a enfrentarse con las resoluciones del consejo" y su insistencia en cuestionar sus exigencias de que hagan públicos determinados datos conforme a la ley.
Según ha desvelado, de los 44 conflictos contencioso-administrativos que tiene abiertos, sólo 13 han sido impulsados por ciudadanos y los 31 restantes los han provocado distintos órganos de la Administración central.
MECANISMO PARA REDUCIR LA LITIGIOSIDAD
"El Consejo tiene una presunción de respeto que debe ser tenida en cuenta", ha remarcado, aunque ha admitido que la labor de los jueces es decir "la última palabra" cuando hay conflictos.
No obstante, ha anunciado que, en aras de reducir esta litigiosidad, el Consejo de Transparencia quiere activar un "sistema de solución temprana de conflictos" para intentar llegar a acuerdos antes de ir a los tribunales.
En otro momento de su intervención, Arizmendi ha pedido más medios para el Consejo donde ahora sólo trabajan 19 personas. Según ha explicado, su carga de trabajo no hace más que crecer porque, además de hacer recomendaciones y vigilar el cumplimiento de la ley también han asumido la gestión de las reclamaciones de nueve comunidades autónomas que han renunciado a crear un órgano 'ad hoc' para estos asuntos.