El documento, aprobado previamente por unanimidad en comisión de gobierno, ha sido finalmente la fórmula empleada por el organismo consultivo para tratar de llegar a un consenso sobre transparencia institucional en este órgano consultivo de la Generalitat. En un principio, se propuso pedir al Consell que modificara la Ley del CVC, pero ante el "alboroto" levantado por la iniciativa --según lo ha definido la consejera Glòria Marcos-- se optó por esta petición voluntaria.
Aun así, la propuesta ha provocado un intenso debate en el pleno ordinario del CVC. Finalmente, ha sido aprobada con 10 votos a favor, 4 en contra y 4 en blanco. Por su parte, el consejero José Maria Lozano se ha negado a votar al considerar que una propuesta así "no debería haber llegado a pleno". Ha subrayado asimismo que a los miembros de la institución no les pone "fulanito o menganito en el carguito", sino que son elegidos por las Corts Valencianes.
Uno de los consejeros afectados, Vicente Farnós --investigado (imputado, según la antigua denominación de la Lecrim) en el marco del caso Gürtel-- ha manifestado que se va a someter "estrictamente" a lo que marca la ley del CVC.
"Creo en la presunción de inocencia, que es algo que recoge la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos", ha aseverado el exresponsable de Castelló Cultural, que ha lamentado que se intente "poner a compañeros en la picota".
Por su lado, Consuelo Ciscar --investigada en la causa abierta por supuestas irregularidades en la gestión del IVAM durante su etapa al frente del museo-- no se ha pronunciado durante la sesión plenaria y, al término de la misma, ha declinado hacer valoraciones a los medios.
El documento aprobado hoy contempla también que los integrantes del organismo consultivo investigados "se abstengan de participar en trabajos relacionados con actividades de organismos públicos o privados en los que ocupen o hayan ocupado cargos de responsabilidad".
((Habrá ampliación))