La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido del incremento de la "amenaza" que ha calificado como la "privatización de la corrupción", que se produce en las Administraciones proclives a dejar los servicios públicos en "manos privadas".
En la jornada 'Fraude y Corrupción ¿la opción fácil para el crecimiento?', organizada por la consultora EY, Madrigal ha denunciado que las corporaciones públicas y las empresas se mezclan para buscar beneficios económicos a corto plazo, algo que se revela a la larga como "una estrategia insostenible".
"Casos como el de Volkswagen ilustran hasta qué punto pueden acabar con un sector, un mercado e incluso comprometer la credibilidad de todo el país", ha agregado.
La máxima responsable del Ministerio Público ha destacado que los fiscales tendrán en cuenta la "idoneidad" del programa de organización y gestión, el número de empleados afectados, la duración y extensión del delito y el comportamiento posterior de la persona jurídica a la hora de pedir su exoneración.
LA FISCALÍA, CON EL VOTO PARTICULAR DEL TS
En este sentido, ha dicho alinearse con el voto particular de siete magistrados del Tribunal Supremo en la primera sentencia que condenó a una empresa y ha puesto de relieve la circular dictada sobre la materia el pasado enero.
"Solo cuando se eleva el tono ético de la empresa aparece la exoneración y el delito se presenta como algo accidental o episódico, que es imposible en toda obra humana de controlar", ha proseguido, para instar al establecimiento de un nuevo modelo procesal que pivote sobre el acto del juicio oral y haga de la investigación una fase más "liviana".
Madrigal ha apostado por la cooperación internacional frente a la delincuencia que "más nos preocupa", como es la relacionada con la corrupción pública y privada, "uno de los fenómenos más inquietantes que ataca el sistema económico, la desconfianza en los operadores y genera un clima de desapatía y desafección".