"Defiende tu derecho a la libre reunión" es el llamamiento que la Coordinadora ha realizado a través de las redes sociales para apoyar a los imputados, a los que se acusa de promover las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados.
La Coordinadora denuncia que se les imputa un delito "que ni habían amenazado cometer, ni habían cometido, ni cometieron ese día 25", así como que fueron identificados por ejercer su derecho a la "libre reunión" mientras participaban en las asambleas celebradas días antes de la manifestación para preparar la cita.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien tomará declaración a los ocho imputados, cursó las citaciones tras la investigación policial en la que se procedió a la identificación de varios participantes en dichas asambleas. En las diligencias previas abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 obran también informes sobre la difusión de la convocatoria que circularon en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.
Según consta en la citación judicial, los ocho citados están imputados por la comisión de un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para aquellos que "promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".