La orden de arresto, que tiene efecto inmediato, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.
Esta decisión de la CPI contra el primer presidente en activo imputado por este tribunal significa que "las víctimas tienen esperanza", según declaró a Efe el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo,
"No hay que olvidar que dos millones y medio de personas están muriendo lentamente en Darfur y que otras 5.000 fallecen mensualmente", recordó el fiscal argentino, para quien el Gobierno de Sudán no puede eludir su "obligación" de entregar al jefe del Ejecutivo.
Ocampo se mostró convencido de que la detención de Al Bachir será un hecho, ya que lo importante es que los jueces "han decidido hoy que él es el principal responsable de crímenes de guerra y lesa Humanidad" en Darfur.
El fiscal aclaró que Al Bachir está en el punto de mira de la comunidad internacional y que en cuanto salga de Sudán "su avión puede ser interceptado, de acuerdo con la ley".
La CPI dijo que pedirá "lo antes posible " a todos los Estados parte del Estatuto de Roma y a los miembros del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU" que colaboren en el arresto de Al Bachir.
Además, "si fuese necesario", esa petición se transmitiría "a cualquier otro Estado" del que se requiriese cooperación.
El Estatuto de Roma cuenta en estos momentos con 106 Estados miembro y el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 Estados.
La orden de arresto no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos ofrecidos por la fiscalía no ofrecieron suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó la portavoz de la CPI Laurence Blairon.
A este respecto, Moreno Ocampo aclaró a Efe que la fiscalía tiene la posibilidad de apelar esta decisión, que se ha tomado por mayoría y no por unanimidad, sin necesidad de presentar nuevas pruebas.
Se espera que a principios de la semana próxima y tras el estudio detallado de la orden de arresto, los fiscales decidan si apelarán o no la decisión judicial de hoy.
Mientras organizaciones internacionales como Human Rights Watch han acogido la noticia favorablemente, las reacciones de rechazo desde el Gobierno de Sudán no se han hecho esperar.
El ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció hoy que su país no entregará su presidente y tachó la orden de arresto de "una decisión política".
Además, las autoridades sudanesas anunciaron hoy en medios de comunicación del país que han decidido expulsar a diez organizaciones británicas, francesas y estadounidenses que trabajan en Darfur, en el oeste de Sudán.
Al Bachir, que ocupó el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer jefe de Estado en activo contra el que la CPI emite una orden de arresto.
El Tribunal Especial para Sierra Leona está juzgando al ex presidente liberiano Charles Taylor, que todavía estaba en el cargo cuando se ordenó su detención, en 2003.
Sin embargo, a diferencia de en el caso de Al Bachir, que cuenta con el apoyo de sus seguidores en Sudán, el mandato de Taylor estaba en decadencia y apenas contaba ya con aliados para seguir en su cargo.
Otro caso destacado de un ex jefe de Estado juzgado por un tribunal internacional es el del ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, pero éste ya no estaba en funciones cuando fue detenido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
El conflicto en Darfur se desató cuando grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufren la región.
En el conflicto han muerto cerca de 300.000 personas y otros dos millones y medio se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU refirió a la CPI la situación en Darfur, para que la fiscalía investigase presuntos crímenes de guerra cometidos en esa región sudanesa.
En 2007, la CPI emitió órdenes de arresto contra el ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la guerrilla "yanyauid", Ali Kushayb, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.