Según un informe divulgado oficialmente hoy durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, las autoridades policiales han recurrido al programa no para arrestar a criminales sino a extranjeros indocumentados incluso por infracciones de tránsito.
"Desconozco si el programa 287g es eficaz, sí sé que ha sido acusado de discriminación (de inmigrantes por su aspecto físico) y esa acusación nos debe preocupar a todos", dijo el presidente del Comité, Bennie Thompson (D-Misisipi), al inicio de la audiencia.
La Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, en inglés) destacó problemas en la aplicación del programa "287g", que deriva de una ley migratoria de 1996 y que permite que la policía local coopere con los agentes de inmigración en el arresto de indocumentados.
Entre 2002 y octubre de 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que ejecuta el programa, inscribió a 67 agencias policiales en 23 estados, además de que dio capacitación a un total de 951 agentes locales y estatales, según la GAO.
Sólo que, en algunos casos, los indocumentados han sido arrestados por conducir a alta velocidad, por lo que la GAO emitió recomendaciones para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mejore los controles del programa voluntario.
Thompson dijo que si bien ha aumentado la popularidad del programa, con la consiguiente deportación en 2008 de 29.000 personas y un presupuesto de poco menos de 40 millones de dólares, es difícil determinar la eficacia del mismo porque, según la GAO, ICE no ha recabado información fiable.
Veinte de los 29 acuerdos de ICE revisados por la GAO carecían de datos precisos sobre qué tipo de información debían recabar los agentes policiales.
Así, la GAO recomendó que ICE documente con claridad el objetivo del programa "287g" y, sobre todo, precise el tipo de datos que debe archivar cada agencia policial.
Las agencias que participan en el programa aseguran que éste ha contribuido a una reducción en los índices de criminalidad y a un aumento de la expulsión de delincuentes reincidentes.
La policía del condado de Frederick, en Maryland, se sumó al programa en abril de 2008 y desde entonces, según las autoridades, ha identificado a 337 indocumentados, de los cuales 309 afrontan proceso de deportación.
Para refutar los argumentos de los detractores, Charles Kenkins, alguacil de ese condado desde noviembre de 2006, afirmó que el programa contribuye a la seguridad pública.
Citó como ejemplos el arresto de un indocumentado por conducir borracho en una zona escolar en horas de colegio, y la deportación de peligrosas bandas criminales.
Pero Thomas Manger, jefe de policía del condado de Montgomery, también Maryland, señaló que la vigilancia de las leyes migratorias es una tarea federal y no tiene sentido que endilgar esa responsabilidad a la policía local.
Las leyes migratorias son muy complejas y su aplicación por parte de la policía local "minaría el nivel de confianza y cooperación entre la policía y las comunidades migrantes", advirtió Manger.
El programa ha causado la repulsa de la mayoría de las organizaciones hispanas, de grupos pro-inmigrantes y cívicos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).