El diputado del PSC en el Parlament Dani Fernández ha anunciado este viernes que renunciará a sus derechos y deberes parlamentarios --entre ellos el sueldo-- si el proceso judicial en el que está imputado llega al juicio oral, aunque mantendrá el escaño.
Lo ha dicho en un comunicado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya concluido que Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos cometieron un presunto delito de tráfico de influencias al presionar para colocar a dedo a un cargo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) en mayo de 2012.
Así, si finalmente se abre juicio oral, el propio Fernández es quien tramitará ante la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament la petición correspondiente para que sus derechos queden suspendidos mientras dura el juicio.
Fernández no se refiere en ningún momento a dejar el acta, por lo que continuará con el escaño en caso que haya juicio.
El reglamento del Parlament establece en su artículo 18 que un diputado puede ver suspendidos sus derechos ante la apertura en firme de un juicio oral, si hay un dictamen que lo avala y si así lo acuerda el pleno por mayoría absoluta.
Entre los derechos que tienen los diputados están el de recibir una asignación económica fija y otras de variables, según se recoge en el artículo 8 del reglamento.
INOCENCIA
El diputado ha insistido en que es inocente, ha expresado su plena confianza en la justicia y ha pedido que el procedimiento se desarrolle con "la máxima celeridad posible".
El también exsecretario de Organización del PSC ha dicho que, después de la fase de instrucción del caso, cree con aún más convicción que "dar la opinión si te la piden sobre un cargo de confianza no puede ser nunca constitutivo de un delito de tráfico de influencias".