"No entiendo el pánico. No hemos levantado el secreto bancario", dijo Merz a los legisladores, que desde los partidos de derecha hasta los de izquierda criticaron la actuación del Gobierno en este asunto.
Bajo la presión de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, Suiza ha cedido en su férrea defensa del secreto bancario, considerado uno de los principales atractivos de su plaza financiera, aunque no sea el único país donde los bancos garantizan tal nivel de reserva a sus clientes.
En la UE, Austria y Luxemburgo también cuentan con el secreto bancario, además de Liechtenstein y Andorra en Europa, Singapur y Hong-Kong, en Asia, y numerosas islas del Caribe y de otras jurisdicciones, que actúan como paraísos fiscales.
La crisis financiera y económica ha jugado un papel crucial en este resultado.
También contribuyó el reciente escándalo de la filial estadounidense de UBS, tras exponerse evidencias de que clientes de ese país fueron ayudados por banqueros para defraudar al fisco, por lo que el banco suizo se vio forzado a levantar el secreto bancario de unos 300 titulares de cuentas.
Después de varias semanas de debate, el tema llegó finalmente al Legislativo helvético, donde es abordado hoy por el Consejo de los Estados (cámara alta) antes de pasar, mañana, al Consejo Nacional (cámara baja).
Entre los legisladores parece imperar cierto grado de confusión, como ocurre también en la opinión pública por las contradicciones entre las declaraciones de las autoridades nacionales, que niegan que el secreto bancario vaya a ser abolido, y las de la UE, que hablan de que Suiza y otros países han aceptado suprimirlo.
Ante la creciente inquietud general, el presidente Merz difundió el lunes un mensaje por vídeo dirigido a la población, a la que recuerda que el secreto bancario se mantiene para todos los contribuyentes domiciliados en Suiza.
"Las autoridades fiscales no irán a fisgonear en vuestras cuentas", aseguró Merz, quien también es ministro de Finanzas en el Gobierno.
A los parlamentarios, Merz les explicó hoy las modificaciones que el Gobierno está dispuesto a realizar, principalmente la supresión de la reserva formulada en 2005 a las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la asistencia administrativa en materia fiscal.
Según el presidente, esto permitirá un intercambio de información más amplio pero sólo caso por caso, así como la supresión de la diferenciación que se hacía hasta ahora en Suiza entre fraude y evasión fiscal, con todos los países que lo deseen, una vía por la que también han optado Luxemburgo, Austria y Liechtenstein.
Hasta ahora, las leyes suizas consideraban delito únicamente el fraude fiscal -que implicaba graves actos deliberados para engañar al fisco, como la falsificación o alteración de documentos o datos- y garantizaban la cooperación con otros países sólo en este caso.
Suiza opta ahora por mantener ciertas condiciones, pero se abre a la transmisión de información individualizada, mientras que excluye las solicitudes colectivas de levantamiento del secreto bancario.
Esta concesión obedece a la casi certidumbre de que Suiza se encontraba ya en la lista de la OCDE de países no cooperativos en materia fiscal (próxima a publicarse) y que serán sometidos a sanciones, como tasas más elevadas sobre los depósitos y mayores controles de datos.
También a propósito de este tema conversaron hoy la ministra suiza de Exteriores, Micheline Calmy-Rey, con su homóloga de Liechtenstein, Rita Kieber-Beck, quienes coincidieron ante la prensa en que "el secreto bancario no puede cubrir delitos fiscales".
Lo cierto es que Suiza será una antes y otra después de modificar su secreto bancario, que dejará de existir en su forma tradicional y con la que han vivido cuatro generaciones, lo que confirma una vez más que los países dependen cada vez más de los demás en una interacción forzada por la globalización.