Se trata de la primera vez que esta institución incluye una consideración por escrito sobre estos asuntos en el prólogo de su informe anual. Becerril lo ha justificado en rueda de prensa en el Congreso, incidiendo en que la soberanía nacional es "un derecho fundamental" y, como tal, la institución que preside debe velar por su cumplimiento. "No se puede malinterpretar la defensa de un derecho fundamental, no lo concibo", ha sentenciado al ser preguntada por este extremo.
En el texto, la Defensora resalta que "es a todo el pueblo, en quien reside la soberanía nacional, a quien corresponde el derecho fundamental a decidir sobre el principio de unidad de la nación española".
Y añade que la sujeción de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley es "aquello que les iguala en deberes y en derechos", y marca las distancias "entre democracia y el abuso de poder que conduce a la tiranía".
"Todos los avances alcanzados por los españoles en materia de derechos, libertades, así como en la imprescindible separación de poderes deberían ser preservados, defendidos y transmitidos como logros alcanzados que nos permiten hoy, y permitan en el futuro, convivir en un estado social y democrático de derecho.
EXTERIORES Y LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
De la misma forma, la presentación del informe contempla otra apreciación de la Defensora del Pueblo instando al Ministerio de Asuntos Exteriores a que cuente con las víctimas del terrorismo para que su voz pueda ser escuchada en organismos internacionales y se pueda conocer así el daño y el "dolor" producido por la barbarie terrorista.
Además, se muestra contraria a la posición de países que no extraditan a terroristas que deberían ser juzgados en España, donde cometieron sus crímenes, y que dudan de las garantías del Estado de derecho español.
La institución está trabajando actualmente en un estudio sobre los 'Derechos de las víctimas de la organización terrorista ETA'. "Son posiciones aberrantes que denotan un desconocimiento total de nuestra realidad, apostilla.