El presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, advirtió el pasado mes de septiembre al presidente del Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, de que el exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi y otros 46 presos de la banda podrían eludir el cumplimiento de las inhabilitaciones para ejercer cargo público que les habían sido impuestas por no haberse concretado en sus respectivas sentencias los cargos específicos a los que afecta esta pena privativa de derechos.
La advertencia cobra interés una vez se supo este lunes que la Audiencia Nacional ha decidido mantener encarcelado a Arnaldo Otegi hasta el 28 de marzo de 2016 y extender la prohibición de presentarse a unas elecciones o ocupar un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021. Ello le impediría concurrir a los comicios autonómicos vascos previstos para este otoño.
Portero puso en conocimiento por escrito a Navarro que el etarra Iker Casanova Alonso tomó posesión de un escaño en el Parlamento Autónomo Vasco en septiembre de 2014 como integrante de la coalición EH-Bildu, un hecho que esta asociación denunció ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En dicha denuncia se señalaba que Casanova había sido condenado en 2007 a once años de cárcel e "inhabilitación especial para empleo o cargo público", una condena que el Tribunal Supremo rebajó a siete años durante los cuales estaría vigente dicha inhabilitación. Es decir, la ejecución inhabilitación no le permitiría ser diputado autonómico.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió la denuncia al fiscal del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV), dada la condición de aforado de Casanova, si bien desde dicho departamento se consideró que su pena de inhabilitación estaba cumplida por una cuestión formal, porque entendía que no era "principal" sino "accesoria".
La controversia la zanjó finalmente la Fiscalía General del Estado, quien contestó que, pese a considerar la inhabilitación cuestionada como pena principal, reconoció que era imposible ejecutarla puesto que ni en la sentencia de la Audiencia Nacional ni en la posterior del Tribunal Supremo se había especificado, tal y como exige la jurisprudencia de este órgano, a qué empleo o cargo público concreto afectaba dicha pena privativa de derechos.
El mismo problema se encontró posteriormente con la sentencia dictada el pasado mes de junio en el caso de las "herriko tabernas", en el resultaron condenados por integración terrorista veinte militantes abertzales por financiar a ETA a través de la actividad de estos locales, entre ellos los dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxeberría.
En este caso el Supremo tuvo que dictar auto concretando a qué cargos públicos no podrán acceder los afectados mientras esté vigente la inhabilitación que les fue impuesta. En lo que respecta a Otegi, su condena por "Bateragune" también es ya firme tras rebajar el Tribunal Supremo de 10 a 6 años y medio su condena y, por lo tanto, su pena de inhabilitación.
FALLO JUDICIAL
Por todo ello, Portero advertía del "fallo generalizado por parte de las diferentes instancias judiciales intervinientes en los procedimientos seguidos" contra ETA en cuanto a la ejecución de las inhabilitaciones, y añade que la situación podría afectar hasta a 74 miembros de ETA condenados.
En este sentido, la asociación pedía al presidente de la Audiencia nacional que buscara vías legales para evitar que las inhabilitaciones queden "vacías de contenido" y los condenados cumplan íntegramente con sus penas de inhabilitación teniendo en cuenta que muchos de ellos "lo han sido por su función dentro del aparato político de la organización terrorista ETA.
La carta, a la que adjunta una lista de 47 presos de ETA que podrían verse en esta situación, entre ellos Otegi, califica la situación de ·tremendamente injusta" para las víctimas del terrorismo.