En una entrevista publicada por el diario Hoy, Jalkh hizo un breve balance de su última visita a Washington, donde se reunió con autoridades del Departamento de Estado, del Congreso, del Senado y de la Casa Blanca con las que dialogó sobre la cooperación entre ambos países.
"Para los próximos días planteamos la firma de un nuevo convenio marco en diferentes áreas y proyectos puntuales, uno de ellos, el apoyo a la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO)", explicó el ministro.
La ULCO se creó el pasado 27 de marzo en sustitución de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) porque varios escándalos sacaron a la luz que era financiada por la Embajada de EE.UU. en Quito mediante acuerdos informales y verbales, e incluso se señaló que esa cooperación condicionaba su labor a los dictados de EE.UU.
En ese sentido, Jalkh pidió en sus encuentros con las autoridades estadounidenses que la nueva cooperación "se canalice directamente a través de la cancillería y de la policía. Además, que esos convenios sean por escrito y queden registrados en cancillería".
Asimismo, el ministro de Gobierno reiteró que en los convenios que se firmen "queden establecidos los protocolos de cooperación y de definición del manejo de recursos".
Para la financiación y la operatividad de la ULCO, una dependencia policial de apoyo para todas las unidades de investigación policial orientadas a combatir el crimen organizado, el Gobierno también mantiene contactos con otros países como Chile o España.
El objetivo de esas conversaciones, de acuerdo con Jalkh, es "fortalecer el intercambio de experiencias y capacitación" de modo que se "definan las áreas de interés para el Gobierno en las que se capacitará a la ULCO".
Respecto a los mandos policiales que operaban en la antigua UIES, que están siendo investigados por la Comandancia General de la Policía por haber entregado material de inteligencia a la Embajada estadounidense, el ministro señaló que se lleva a cabo "un proceso administrativo para definir si hubo o no mala conducta".
El caso de la UIES comenzó el pasado febrero, cuando un funcionario de la embajada envió una carta a la Comandancia de la Policía por la que anunciaba el fin del "entendimiento de apoyo logístico" con esa unidad de inteligencia, al parecer, por haberse producido un cambio en sus mandos.
En respuesta, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsó del país al funcionario estadounidense y dos semanas más tardes al primer secretario de la Embajada, al que acusó de ser "el director de la CIA (Central de Inteligencia Americana)" en Ecuador.
La tesis del Gobierno de Correa es que como país "soberano" no puede permitir la intromisión de autoridades de otros países en asuntos internos y, con estas medidas, pretende transparentar los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos.