Esa es la conclusión que se desprende de los "Informes de países sobre prácticas de derechos humanos" en 2008, entregado hoy al Congreso de Estados Unidos por el Departamento de Estado, en cumplimiento con una ley federal de 1961.
En el apartado sobre México, que abarca diez páginas, el documento dice que el Gobierno, en general, ha respetado y promovido los derechos humanos mediante la investigación, procesamiento judicial y sentencia de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en actos de corrupción.
Sin embargo, el país ha registrado problemas de derechos humanos como asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, secuestros y abuso físico; hacinamiento en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios; intimidación "criminal" de periodistas, e "impunidad y corrupción en todos los niveles del Gobierno".
El Departamento de Estado dijo que aunque la ley mexicana penaliza la corrupción, este es un problema persistente, ya que algunos funcionarios públicos continuaron perpetrando "abusos burocráticos y algunos actos criminales con impunidad".
Citó como ejemplo el pago de sobornos - o "mordidas" en el léxico mexicano- a funcionarios administrativos y las fuerzas de seguridad para servicios rutinarios o en vez de multas.
Pero también hubo casos de corrupción más sofisticados y menos obvios, "incluyendo el sobrepago de bienes y servicios para proveer un pago a funcionarios electos y partidos políticos", indicó el informe.
Señaló, por otro lado, que también hubo actos de violencia doméstica contra las mujeres, "muchas veces perpetrados con impunidad", así como violencia e incluso asesinato de mujeres.
El análisis también destacó el problema del tráfico de personas, "algunas veces presuntamente con involucramiento" de funcionarios, la discriminación social y económica contra algunos miembros de la población indígena, y el trabajo infantil.
El informe fue divulgado en momentos en que ha aumentado la preocupación dentro y fuera del Gobierno de Estados Unidos sobre el incremento de la violencia en México derivada por el narcotráfico, especialmente en la franja fronteriza.
En ese sentido, el documento reiteró el compromiso del presidente mexicano, Felipe Calderón, por desmantelar los carteles de la droga en su país, principalmente mediante la movilización de más de 27.000 miembros del Ejército y de la policía federal en operaciones conjuntas en diez estados del territorio nacional.
La semana pasada, el Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viaje debido a la creciente inseguridad en lugares como Ciudad Juárez y Tijuana.
México, por su parte, ha pedido una mayor colaboración de EE.UU. para reducir la demanda de las drogas y para frenar el contrabando de armas hacia el sur del Río Bravo.