Estos gravámenes afectarán al ámbito civil y contencioso administrativo y, además de excluir a ciudadanos y pequeñas empresas, no afectarán tampoco a los ámbitos penal y social ni a las personas jurídicas con derecho a asistencia jurídica gratuita, ha recordado en un comunicado la Consejería de Justicia.
Justicia considera que el importe de las tasas --entre un mínimo de 60 euros y un máximo de 120-- es muy distante de las acordadas por el Gobierno central, que en su opinión "pueden generar un efecto disuasorio desproporcionado en los que quieren obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos".