ERC propone incluir en el proyecto de Ley de Seguridad Nacional una nueva disposición adicional según la cual "en ningún caso lo establecido en la ley, y en particular en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos".
Este nuevo concepto de "situación de interés para la seguridad nacional" pretende, según el Gobierno, cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio, pero sí utilizar más medios y coordinación a los habituales.
Pero el diputado republicano Joan Tardà ha acusado al Ejecutivo de, con este nuevo concepto, querer "suspender 'de facto' poderes de la Generalitat de Cataluña ante una posible victoria del soberanismo" el próximo 27 de septiembre, día en que están anunciadas las elecciones en dicha comunidad, de ahí que haya registrado esta propuesta para modificar la norma.
Así se desprende de las enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Nacional, recogidas por Europa Press, que han presentado los distintos grupos parlamentarios, siendo las de los partidos nacionalistas --el grupo de Convergéncia y de Unió, PNV y ERC-- las más numerosas.
MÁS REPRESENTACIÓN DE LAS CCAA
En general, estos partidos exigen una mayor representación de las comunidades autónomas tanto en la toma de decisiones como en los propios organismos que rigen la Estrategia de Seguridad Nacional, ya que consideran que la norma es demasiado "recentralizadora".
El denominador común de sus enmiendas es reclamar que en la política de seguridad nacional del Estado participen "todas las administraciones públicas", a través de una "acción coordinada y colaborativa", al tiempo que la Estrategia de Seguridad Nacional se elabore teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.
Asimismo, en el artículo 21, que regula las funciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional, piden la misma colaboración y que en este organismo, que preside el presidente del Gobierno, haya un representante de cada comunidad autónoma que sea designado por ellas.
COOPERACIÓN BILATERAL
Dado que el proyecto de ley establece la creación de una Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, el grupo de Convergéncia y de Unió también propone que se articulen "mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas con competencias en materia de protección de personas y bienes de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía".
Pero el PNV va más allá y sugiere que "la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en las materias propias de esta ley se realizará a través de la Conferencia Sectorial" excepto en el caso de las autonomías "que disponen de policías autonómicas propias, para las que se establecerán instrumentos de cooperación bilateral".
Por otro lado, el grupo de Convergència y Unió sugiere que la declaración de "situación de interés para la seguridad nacional" pueda ser declarada a petición del presidente de la comunidad autónoma donde tenga lugar la crisis en cuestión.
SUPERVISIÓN DE LAS CORTES GENERALES
Todos los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas parciales a este texto quieren que las Cortes Generales supervisen de alguna forma la política de seguridad nacional. Convergéncia y Unió, de hecho, piden que sea el foro donde se debata y se apruebe la Estrategia de Seguridad Nacional.
El PSOE y UPyD, por su lado, proponen un plazo de tiempo para que el Gobierno dé cuenta en el Parlamento acerca de una situación de interés para la seguridad nacional en caso de que ésta sea declarada. Pero mientras el partido magenta habla de un plazo concreto de 72 horas para informar de esta declaración y de dos semanas para "rendir cuentas" sobre los motivos y la gestión que se ha hecho de la misma, los socialistas son más imprecisos y piden que la ley establezca que el Ejecutivo ha de informar "inmediatamente" sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación.
El PSOE considera, además, que la Estrategia de Seguridad Nacional, que hace un análisis de las amenazas y riesgos a los que se enfrenta España y los medios de que dispone para combatirlos, ha de ser revisada "cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico".
Sobre el hecho de que el Gobierno pueda movilizar recursos privados en caso de necesidad al declarar una situación de interés para la seguridad nacional, el Grupo Socialista propone en sus enmiendas que se regule su utilización "mediante correspondiente reglamento los mecanismos y formas".