Todos los representantes de Justicia e Interior de la Unión Europea celebraron anoche una cena de trabajo a la que por primera vez han asistido los directivos de las principales compañías de Internet como Microsoft, Google, Facebook y Twitter. En ese encuentro, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha defendido la necesidad de colaboración entre los estados y estas compañías privadas para luchar contra las estrategias del terrorismo yihadista en las redes sociales e Internet.
En la cena estuvo presente también la comisaria de Asuntos de Interior en la Comisión Europea, Cecilia Malmström, y la presidencia italiana del Consejo Europeo. Los participantes abordaron el fenómeno del yihadismo en la Red así como las vías de cooperación que permitan eliminar el contenido radical y terrorista de las plataformas sociales.
Según informa Interior, Francisco Martínez aseguró que el uso de Internet es un elemento común en la mayoría de las operaciones que se han llevado a cabo en España contra el terrorismo yihadista y que, por ello, es necesario trabajar en estrecha colaboración para "hacer de la colaboración público-privada la herramienta clave en la lucha contra este fenómeno y que, a su vez, permita imponer una contranarrativa que anule los mensajes de los radicales en la Red".
Martínez trasladó a sus socios europeos y a los máximos responsables de la industria tecnológica la necesidad de impulsar una serie de medidas para optimizar la colaboración público-privada. Entre ellas destacó el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de los investigadores como programas de geolocalización o un software que permita la navegación encubierta y la designación de puntos de contacto institucionales estables entre ambos sectores.
Además, insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente para minimizar los accesos anónimos a Internet y para impulsar la realización conjunta de actividades formativas. Francisco Martínez, tras destacar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas cuentan con unidades especializadas que les permiten monitorizar la Red y detectar contenidos radicales o con fines terroristas, advirtió de la rápida evolución del mundo virtual y de que, por tanto, esto requiere una permanente coordinación de los servicios gubernamentales encargados de combatir este fenómeno, así como una adecuación continúa del marco legal disponible y el desarrollo de medios informáticos de control adecuados.
Finalmente, el secretario de Estado de Seguridad anunció que en breve España aprobará el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) para observar, valorar y tratar la radicalización y el extremismo violento en su conjunto, con un enfoque multidisciplinar.
INMIGRACIÓN IRREGULAR
En cuanto al Consejo JAI celebrado este jueves, se han debatido asuntos relacionados con la lucha contra la delincuencia grave y organizada, el fenómeno de los combatientes yihadistas y retornados y la lucha contra la inmigración irregular. Sobre este último ámbito, han realizado un seguimiento de la Task Force para el Mediterráneo, que recoge 37 medidas encaminadas a hacer frente a las presiones migratorias.
En su intervención, Francisco Martínez ha subrayado el importante incremento de la participación española en las acciones previstas por la UE para luchar contra la delincuencia grave y organizada. En concreto, ha recordado a sus socios europeos que "España lidera la prioridad de la UE sobre el tráfico de cocaína y heroína así como la prioridad sobre armas de fuego".
Además, ha señalado que como fruto del compromiso adquirido España ha creado la figura del coordinador Nacional EMPACT (Plataforma Multidisciplinar contra las Amenazas Criminales), que recae en el director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y que tiene por objetivo la puesta en práctica de todas la decisiones adoptadas por la UE para luchar contra la delincuencia grave y organizada.
En esta línea, durante el Consejo se ha hecho referencia a la reciente "Operación Arquímedes", una de las mayores operaciones contra grupos de crimen organizado y sus infraestructuras en toda la Unión Europea, que ha sido coordinada por Europol y en la que han participado las autoridades policiales de 34 países de la UE y que se ha saldado con un total de 1.027 detenidos, siendo 266 de ellos en España.
FINANCIACIÓN DE LA UE
El secretario de Estado de Seguridad ha destacado que en la actualidad no existe vía de financiación de la UE dedicada a apoyar la EMPACT y que, en este sentido, sería necesario contar con una partida presupuestaria para poder ejecutar los planes estratégicos establecidos por la UE.
Respecto a la lucha contra el terrorismo de corte yihadista, el secretario de Estado de Seguridad, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo del pasado agosto, considera que tanto el PNR como el refuerzo del control fronterizo son medidas que, además de eficaces, "son necesarias para luchar contra el terrorismo".
Por ello, Martínez, al tiempo que ha subrayado la importancia de mantener un "equilibrio adecuado entre protección de datos y la seguridad", ha destacado la necesidad que todas las instituciones trabajen conjuntamente para aprobar la Directiva sobre el PNR europeo, al considerar que se trata de una "vital" herramienta para "contrarrestar la mayor amenaza terrorista a la que Europa se ha enfrentado en los últimos tiempos".
En cuanto al control fronterizo, Francisco Martínez ha expresado que la posición española se basa en estudiar las posibilidades que ofrece el actual Código de Fronteras Schengen para "un control fronterizo reforzado".
En relación a la lucha contra la inmigración irregular, el secretario de Estado de Seguridad ha expuesto la necesidad de que la Comisión estudie y determine las acciones necesarias para poder financiar y ejecutar de forma urgente las 37 medidas que recoge la Task Force para el Mediterráneo (TFM) constituida hace un año.
Martínez ha expresado la disposición de España para ayudar a constituir, si fuera necesario, un mecanismo, bien en forma de coordinador europeo, bien mediante un grupo de trabajo, que haga un seguimiento exhaustivo de la financiación y ejecución de las medidas de la TFM.